Inés Arrimadas y Albert Rivera en el comité ejecutivo de Ciudadanos / EFE

Inés Arrimadas y Albert Rivera en el comité ejecutivo de Ciudadanos / EFE

Política

Cs ‘pesca’ a antiguos miembros de PSOE y PP para las autonómicas

El partido incluye como cabezas de lista a destacados miembros de otras formaciones, con los que fortalece la falta de cuadros

25 febrero, 2019 15:00

Ciudadanos busca entre las aguas de PP y PSOE para fortalecer sus listas en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo. El líder del partido, Albert Rivera, ha asegurado que apoya las candidaturas para las primarias del exsocialista Joan Mesquida en Baleares y de la expopular Silvia Clemente en Castilla y León. Esta última, presidenta de las cortes autonómicas hasta el pasado 21 de febrero.

Mesquida fue secretario de Estado y director general de la Guardia Civil y la Policía durante el Gobierno de Zapatero. Sin embargo, Rivera usa su fichaje por Ciudadanos como muestra de que muchos votantes “han roto el carnet del PSOE por Sánchez”, como el propio candidato a la presidencia de Baleares, que se dio de baja del partido hace unos meses.

Enfrentamiento en Castilla y León

El otro fichaje naranja, Silvia Clemente, era hasta el pasado 21 de febrero presidenta de las Cortes de Castilla y León por el PP, partido con el que ha desarrollado una trascendente trayectoria política al frente de las consejerías de Medio Ambiente, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería. Un día después de producirse su renuncia, desde Cs negaban cualquier contacto y aseguraban desconocer si esta tenía alguna intención de presentarse a las primarias.

Este fin de semana llegaba la confirmación del partido que, en su Consejo Ejecutivo, refrendaba a Clemente como candidata oficialista. No obstante, la batalla está servida. El diputado por Valladolid y miembro de la Ejecutiva nacional de Cs, Francisco Igea, que será el rival de esta en las primarias, ha descartado integrarla en su candidatura en caso de resultar vencedor. Este se ha mostrado crítico con la llegada de la expopular, que tacha de “error”, al asegurar que no puede ser la regeneración que necesita la comunidad.

Manuel Valls tras Albert Rivera, Juan Marín e Inés Arrimadas / CG

Manuel Valls tras Albert Rivera, Juan Marín e Inés Arrimadas / CG

Manuel Valls tras Albert Rivera, Juan Marín e Inés Arrimadas / CG

“Un proyecto transversal”

En una entrevista en COPE, Rivera ha justificado la llegada de antiguos miembros de otros partidos con el argumento de que se está tejiendo “un proyecto transversal en torno a Ciudadanos”.

Otra comunidad donde también se mueven revueltas las aguas es Galicia. El exportavoz y teniente de alcalde del PP en el Concejo de Ourense, José Araújo, renunciaba a primeros de febrero a todos sus cargos y rompía con el partido. Días después se confirmaba su afiliación a Ciudadanos, partido con el que, todo apunta, será candidato a la alcaldía de Ourense. Asimismo, la hasta ahora portavoz de la Diputación ourensana, Monserrat Lama, también ha salido del PP y asegura contar con ofertas desde la formación naranja.

Falta de cuadros en Andalucía

Los fichajes de Ciudadanos son el remedio a un problema generalizado del partido en toda España: la falta de afines que puedan ocupar cargos destacados. Muestra de ello ha sido la Junta de Andalucía, la primera institución autonómica en la que está presente la formación naranja, cuya cabeza es el actual vicepresidente, Juan Marín. No obstante, a diferencia de sus socios del PP, estos han experimentado dificultades para colocar a cargos medios entre sus afiliados en la nueva administración.

De hecho, se han seleccionado perfiles profesionales a través de portales de empleo para suplir la falta de personal técnico propio. No obstante, esto ha generado algún conflicto ya. La abogada Elisa Fernández-Vivancos, dimitió solo un día después de ser nombrada delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en la provincia de Granada. Esta ya fue alto cargo durante la etapa socialista en la Junta y justificó su renuncia para evitar “cualquier ataque a la nueva etapa de cambio”, debido a su responsabilidad en una condena por la que la Junta tuvo que pagar más de 165 millones de euros.