Menú Buscar
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la presentación del Plan de Recuperación / EP

La crisis institucional y económica deja a España en el alambre

Lejos de ser un “estado fallido”, España se enfrenta a su peor momento desde la transición, que sólo se podrá superar según los expertos si se establece un “Gobierno moderado y muy proactivo”

12 min

Es el peor momento de España desde la transición. Es una afirmación que comparten expertos en el mundo económico, jurídico y político, después de que hayan confluido muchos factores. La pandemia del Covid ha puesto de manifiesto la falta de un “consenso de mínimos” sobre cómo debe funcionar un país, y lo más importante, el respeto a las instituciones, brilla por su ausencia. En ese momento complicado, que ya preocupa de forma seria a la Unión Europea, se ha producido en España una coincidencia que puede ser fatal: “Un proceso en el que los extremos de la polarización se retroalimentan y marcan una agenda nacional absolutamente alejada de la realidad económica y social más perentoria”.

Esa afirmación es de Miguel Angel Quintanilla, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Quintanilla, exdirector de publicaciones de la Fundación Faes, formó parte del gabinete del presidente del PP en 2011, y, aunque ubicado en el flanco conservador español, saca la cabeza para buscar un conseno entre los “moderados”. A pesar del grave problema económico que deberá asumir España en los próximos años, con una deuda sobre el PIB superior al 120%, el reto es político, no económico. Sin estabilidad política, sin consensos y sin detener “el deterioro” de las instituciones, la idea del ‘enfermo de Europa’ sí puede ser una realidad tangible.

Vox, con efecto contaminante

Quintanilla entiende que el “populismo” de Podemos y la ultraderecha de Vox están resultando fatales. En vísperas de la moción de censura de Vox, que obligará al PP a tomar partido, este profesor influyente en el mundo conservador pide al PP que olvide sus tentaciones de seguir al partido de Santiago Abascal. Y es que muchos dirigentes del PP y cuadros del partido siguen hablando de Abascal como “Santi”, es decir: lo ven cercano, lo consideran uno de los suyos, descarriado, al que se le debe convencer de que vuelva a casa, mientras se van asumiendo sus tesis.

Miguel Ángel Quintanilla, politólogo, en la entrevista con 'Crónica Global'
Miguel Ángel Quintanilla, politólogo, en la entrevista con 'Crónica Global'

La reflexión desde ese campo es oportuna e ilustrativa. Quintanilla señala a Crónica Global el difícil camino que se debe recorrer: “La dificultad reside en romper esa trayectoria disolvente y explicar eficazmente a la opinión pública que la divisoria real no es entre derecha e izquierda, con grados diversos de intensidad, sino entre rupturistas de izquierda y de derecha --ambos en el mismo espacio y ambos alimentándose y necesitándose mutuamente-- y reformistas de izquierda y de derecha. Y en que estos últimos logren separarse de aquellos no sobre razones tácticas coyunturales, sino sobre razones de fondo, duraderas y hasta de fundamento moral y de ejemplaridad pública”, señala, en una clara alusión al PP.

El juez Jesús Villegas, en la entrevista con 'Crónica Global'
El juez Jesús Villegas, en la entrevista con 'Crónica Global'

La cuestión de los jueces

El Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Pablo Iglesias, no rehúye el enfrentamiento y ha querido poner contra las cuerdas al PP con una propuesta para reformar la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha conmocionado el mundo judicial y político. Se entiende que es una medida de presión para que el PP reaccione y desbloquee la actual parálisis, pero el mero anuncio de Sánchez pone en cuestión el estado derecho. Lo señala la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, al hablar de una posible ola “iliberal” en España y también el juez, el magistrado instructor, Jesús Villegas, que lleva años impulsando una plataforma para reformular el CGPJ, con un papel directo de los propios jueces, de forma similar a como se redactó en la Constitución, y que se rehízo con la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, con la mayoría absoluta del PSOE. “Esa reforma que se anuncia ahora rompe las líneas rojas. Es cierto que el PP ha bloqueado esa elección, pero el CGPJ puede seguir funcionando y puede seguir nombrando las vacantes judiciales que surjan. Lo que no se puede hacer es romper las reglas, y espero que sea, realmente, un modo de presionar al PP”, señala a Crónica Global.

Villegas, que mantiene un pulso con los partidos al pedir una reforma “real” del CGPJ, ve el actual momento con suma preocupación: “España es un estado de derecho, pero afronta graves problemas institucionales, con el independentismo en Cataluña, con la monarquía, aunque los discursos sean interesados, precisamente por parte del independentismo, y económicos, como consecuencia de la pandemia”.

Degradación democrática

En ese sentido, la Unión Europea sitúa toda su atención en lo que pueda ocurrir en la Administración de Justicia, con los fondos europeos en juego. Su decisión de presionar a Polonia y Hungría para que respeten el estado de derecho, condicionando esas ayudas, coincide con la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de caminar en un sentido ya iniciado por esos países.

Josu de Miguel Bárcena, coautor, junto a Javier Tajadura Tejada, de 'Kelsen versus Schmitt', durante la entrevista con 'Crónica Global' /CG
Josu de Miguel Bárcena, coautor, junto a Javier Tajadura Tejada, de 'Kelsen versus Schmitt', durante la entrevista con 'Crónica Global' /CG

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, Josu de Miguel Bárcena, coautor del libro, junto a Javier Tajadura, Kelsen versus Schmitt, Política y derecho en la crisis del constitucionalismo, rechaza hablar de “estado fallido”, y lo ve como una categoría “periodística” que se ha utilizado estas semanas en la prensa europea, principalmente en la alemana. Pero De Miguel ve una “degradación” en tres ámbitos: “la insuficiencia de reformas, el Covid que puede arrasarlo todo y, finalmente, la inestabilidad que genera un gobierno de coalición que parece incapaz de aplicar un programa socioeconómico solvente”.

El incremento de la deuda

El problema de fondo, según este jurista, es que España no ha interiorizado en ningún momento lo que supone formar parte de la UE: “Como país estamos cogiendo bastantes boletos para deslizarnos por una cuesta abajo constitucional imparable, incapaces de reformar nada y de mostrar confianza en el contexto financiero internacional. Degradación que, como casi siempre, tiene raíces más profundas que las que pensamos, porque al fin y a la postre, somos la Unión Europea, pero nos hemos negado, como Estado miembro, a asumir los principios básicos de modernización que impone el club comunitario”.

Ya no se trata de una ‘versión’ desde el mundo conservador o el que se fija con lupa en cualquier cambio jurídico. En la órbita progresista también se ha generado un profundo malestar por la falta de consensos, por una clase política en permanente estado de crispación. El economista José Carlos Díez, profesor en la Universidad de Alcalá, apunta que los efectos económicos serán duros y que en 2025 se mantendrá una deuda por encima del 120%, que es la que se alcanzará en 2020. Se basa en el escenario “aterrador” que ha fijado el FMI, con un déficit público estructural que estará próximo al 5%. Lo que pide Díez son planes de innovación reales, para que la economía española asuma un salto cualitativo, en la línea de ‘tigres’ asiáticos como Corea del Sur o Taiwán. Y en paralelo con una reformulación del gasto público que nadie se atreve a presentar, no ya de forma inmediata, sino a medio plazo. Un debate sobre fiscalidad, serio, que implique saber con qué se cuenta y a qué se aspira, y a partir de ello impulsar el país que se pueda y que se quiera pagar.

Agenda reformista intensa

A falta de todo ello, el salvavidas de España es el BCE, que, con sus compras masivas de deuda, permite una financiación asequible, con intereses negativos, de hecho. Sólo una unión fiscal, muy complicada por la reticencia de los países del Norte, que reprochan a España ahora de todos los males, podría ofrecer esperanzas. Esa es la posición de economistas como el propio José Carlos Díez o de Josep Oliver.

Sanitago Abascal, líder de Vox / EE
Sanitago Abascal, líder de Vox / EE

Sin embargo, es el entramado institucional el que falla, el que ofrece síntomas de que el país es incapaz de avanzar. Quintanilla reclama una solución, al pedir a los “reformistas de izquierdas y de derechas” que impulsen una relación fructífera, que sepan “hacer de esa nueva relación liderada por un nuevo reformismo la base de una nueva mayoría electoral capaz de sustentar y dar estabilidad a un Gobierno moderado pero muy proactivo y muy incisivo, a favor de una agenda reformista de alta intensidad que aumente el potencial de crecimiento español y refuerce la sociedad de oportunidades real en la medida en que esta nueva crisis lo exige, es decir, muchísimo. Debe existir pronto un momento político de cambio decisivo en la dinámica del sistema de partidos, lo bastante visible y lo bastante intenso como para que se perciba, se aplauda y se respalde por la mayoría”.

El diagnóstico parece claro, y los incentivos –un salto delante de España, que consolidara y reforzara sus instituciones— parecen más que suficientes. Pero la confrontación se mantiene. La moción de censura de Vox, podría servir, sin embargo, para un debate del estado de la nación en el que se mostraran todos esos retos, a riesgo de que Europa acabe considerando, al final, a España como el “nuevo enfermo” del continente.

Destacadas en Política