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Imagen de la fachada principal del Tribunal Constitucional / EFE

La crisis catalana frena el autogobierno en el resto de autonomías españolas

Catedráticos de Derecho Constitucional avisan de que la falta de unidad de la sociedad catalana debilita la negociación de una reforma de la Carta Magna necesaria para modernizar el Estado

7 min

El procés tiene varios efectos colaterales, entre ellos la imposibilidad de abordar una reforma constitucional que aumente el autogobierno en otras comunidades autónomas. Los catedráticos de Derecho Constitucional coinciden en que esos cambios en la Carta Magna, aprobada ya hace 40 años, son necesarios para modernizar el Estado, pero discrepan respecto a si es factible desde el punto de vista político. Ellos ya han hecho los deberes académicos, afirman, pero son los partidos los que deben demostrar voluntad política.

Ángel Rodríguez es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y ejerció de anfitrión del XVI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) celebrado a finales de abril bajo el lema “40 años de Constitución: una mirada al futuro”. Más de 200 académicos, profesionales y expertos en Derecho Constitucional participaron. Hubo acuerdo unánime en que se debe reformar la Carta Magna.

Pensar solo en Cataluña, no

“Todos somos conscientes de que, jurídicamente, es conveniente y necesaria, pero no hay acuerdo respecto a si es factible desde el punto de vista político”, explica Rodríguez a Crónica Global.

La articulación del Estado, dice, es “un hueso duro de roer. Tras 40 años de Constitución, mi opinión personal es que el modelo autonómico no ha fracasado, pero necesita una repaso”. Pero avisa de que “no podemos reformar el capítulo VIII (De la organización territorial del Estado) solo pensando en Cataluña”.

Uno de los participantes de las jornadas fue el catedrático de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, quien destaca la “débil posición negociadora que tendrá Cataluña mientras esté dividida, incluso en una fórmula que en un principio parecía sencilla –la planteada por Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Carta Magna--, que es introducir en la Constitución una disposición adicional donde se reconozca la singularidad catalana.

"¿Un referéndum en este contexto?"

“Podemos exige un referéndum si se toca la Constitución ¿ahora? ¿en este contexto?”, advierte Arbós.

Ángel Rodríguez coincide con Arbós en que “la falta de entendimiento de la sociedad catalana dificulta los cambios. Opino que para que una comunidad tenga una posición diferenciada debe tener una fuerte unidad interna”.

Pero ¿cómo satisfacer a Cataluña sin que eso implique privilegios o la existencia de comunidades de primera y de segunda?. El catedrático malagueño afirma que un modelo catalán similar al del País Vasco “tendría que superar dos problemas: la falta de acuerdo entre los catalanes y convencer al resto de las autonomías”.

La "empantanada" comisión del Congreso

La comisión del Congreso que aborda la reforma constitucional “está empantanada” y eso “impide que se pueda avanzar en el autogobierno de todas las comunidades. La situación que se vive en Cataluña supone un obstáculo en la modernización de España”. En este sentido, pone como ejemplo el Estatuto de Andalucía, aprobado poco después que el catalán, y que contempla la celebración de consultas y procesos participativos. “Pero tras la consulta del 9N sobre la independencia nadie quiere oír hablar de aplicarlos”, dice el catedrático de la Universidad de Málaga.

Entre las aportaciones del simposio figura la de Gerardo Pérez Sánchez, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, para quien no es excusa la falta de consenso inicial para abordar una reforma constitucional que considera urgente pues, según advierte, “momificarla” supone “destruirla”. Y recuerda que en 1978 no había posiciones uniformes cuando se comenzó a redactar la Constitución.

Senado, competencias, derechos, UE...

La reforma del Senado, el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, la revisión del catálogo de derechos fundamentales (libertad de expresión, salud vivienda, educación, renta mínima…), la reforma de los sistemas electorales, la regulación de las relaciones entre España y la UE (algo que sí contemplan tras constituciones europeas) y profundizar en la separación de poderes son los ejes de esa reforma.

¿Retos complicados? Los juristas admiten que sí. Pero ellos ya han hecho los deberes, dicen, y el balón están en el tejado de los políticos. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Enric Fossas, presidente de la ACE y exmiembro del Consejo de Garantías Estatutarias, lo dijo claro: “Vivimos una época extraordinariamente complicada por el desafío soberanista en Cataluña y por el auge de movimientos políticos que están conduciendo en Europa a que se cuestionen valores constitucionales”.

Ángel Rodríguez insiste en que “los políticos no pueden decir que falta reflexión académica. Zapatero ya encargó un estudio sobre la reforma de la Constitución cuando fue investido. Falta voluntad política y recuperar el espíritu de consenso de 1978”.

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