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El presidente, Quim Torra (i), con el consejero de Interior Miquel Buch (c) y el excomisario de Información Manel Castellví, responsable de los espionajes a personas y entidades 'españolistas' (d) / CG

Las contradicciones y los espionajes sin orden judicial dinamitan el embrión del CNI catalán

Los Mossos relevan a Manel Castellví, responsable de los seguimientos de personas y entidades “españolistas” que no supo justificar ante el juez y que el fiscal compara con un "Estado policial"

9 min

Hace meses que se esperaba el paso a la reserva de Manel Castellví, que hasta ahora ostentaba el mando de la Comisaría General de Información (CGINF) de los Mossos d’Esquadra. Pero no es casual que la decisión, que se hizo pública ayer, se haya tomado pocos días después de que un juez haya archivado la investigación del espionaje llevado a cabo por la policía autonómica.

La Policía impidiendo el acceso a los Mossos a una incineradora de Sant Adrià / CG

La policía impidiendo el acceso a los Mossos a una incineradora de Sant Adrià / CG

El sobreseimiento ha vuelto a poner en el foco mediático sobre los seguimientos pilotados por el propio Castellví sin orden judicial y sin que la Fiscalía tuviera conocimiento. El mando fue citado a declarar en calidad de testigo. Crónica Global ha tenido acceso a sus declaraciones, en las que intenta justificar una actuación que el ministerio público considera propia de un “Estado policial” en su recurso contra el archivo de las diligencias. También ha impugnado ese sobreseimiento el abogado que defiende a los afectados por ese espionaje de la CGINF.

Personas y entidades contrarias al independentismo 

Tal como informó este diario, el control de los Mossos se centró en periodistas, abogados, sindicatos, asociaciones y partidos políticos. Los informes sobre esos seguimientos se guardaron en cajas que la Policía Nacional interceptó en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) antes de ser destruidos. Según consta en un documento de casi 400 folios que la policía entregó a la Audiencia Nacional, los agentes encontraron informes sobre “actividades o seguimientos de objetivos de interés no policial ni judicial, sino de tipo político. El denominador común es que se trata de personas, entidades o actividades contrarias al independentismo, muchas veces adjetivadas en los propios informes como españolistas, constitucionalistas, etc, documentos relativos al Cesicat --el embrión de una futura agencia de inteligencia catalana--, y varios relativos al CNI español”. En definitiva, personas y entidades “españolistas”, según la expresión utilizada por los Mossos en los informes hallados en la incineradora.

Manifestación masiva de Sociedad Civil Catalana en Barcelona el pasado 8 de octubre / EFE

Manifestación masiva de Sociedad Civil Catalana en Barcelona el 8 de octubre de 2017 / EFE

Respecto a los seguimientos del abogado José María Fuster-Fabra, Castellví declaró en el juzgado que eran de “contra vigilancia para evitar que alguien pudiera acercarse al letrado con intención de mediatizar su comparecencia en el Parlament el 6 de junio de 2017”. Sin embargo, el mando incurrió en varias contradicciones, dado que el informe llevaba el título de “control” y no de “contra vigilancia”, un tipo de actuación que implica “aviso previo, identificación de riesgos…”, algo que no se llevó a cabo. Asimismo, el seguimiento del letrado comenzó el 2 de junio y se prolongó hasta el día 7, a pesar de que su comparecencia se circunscribió al día 6. Los Mossos hicieron fotos del acompañante de Fuster-Fabra de espaldas, no de frente, y en otra ocasión, se captaron imágenes de un socio del despacho de este letrado, conocido por haber participado en numerosos casos contra ETA y haber defendido a conocidos policías y guardias civiles.

Manifestaciones bajo control

Respecto a los seguimientos que efectuaron los Mossos de las personas participantes en la manifestación de Sociedad Civil Catalana (SCC) el 19 de marzo de 2017 –miembros de las entidades organizadoras y cargos de PP, Ciudadanos y PSC--, Castellví dijo que la manifestación era “de nivel 1, sin riesgo” y que se actúa de forma similar en casi todas las concentraciones que se hacen en Cataluña, un total de 4.252 de las cuales, 961 contaron con la presencia de la vigilancia de los Mossos. Pero el excomisario de Información no supo explicar por qué ese trabajo no se había hecho en concentraciones de la ANC y Òmnium y, sobre todo, el motivo de que fuera su unidad, y no la encargada del orden público, la que lo hizo.

Respecto a las pesquisas que esta Brigada de Información hizo de la llamada “Operación Cataluña”, término periodístico aplicado al control del CNI español sobre el procés, aparecen en la causa nombres, fotos y datos personales de dirigentes sindicales y de asociaciones no independentistas, así como periodistas de El Confidencial y El Triangle, en algunos casos relativos a reuniones de estos profesionales con sus fuentes de información. Castellví explicó que esas personas fueron seguidas por su relación con dos detectives y negó el carácter de organigrama que la Policía Nacional dio a un documento hallado. Según el mando de los Mossos, en su unidad “recibieron una información a través de una fuente advirtiéndoles que estaba prevista una reunión y que se podría tratar de un movimiento agitativo”. Y aunque en el informe incautado a los Mossos aparece el epígrafe “Operación Cataluña”, Castellví negó que se hubiera investigado esta trama.

Grabación de la conversación de un dirigente de Cs

El comisario fue interrogado sobre el control de un dirigente de Ciudadanos en un bar de Barcelona. Negó que fuera grabado o interceptado, pero en los informes hallados en la incineradora aparece la transcripción literal de la conversación del político con su acompañante, materialmente imposible de reconstruir de memoria. Todas estas contradicciones están incluidas en el recurso que el abogado de los afectados, José María Fuster-Fabra, ha presentado contra el archivo de la investigación de ese espionaje decretado por el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, que no niega que esas tareas de control se llevaran a cabo, pero considera que no son delito.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido también la reapertura de las diligencias en un escrito, en el que afirma que en la declaración de Castellví "en momento alguno se ha hecho referencia a qué delito concreto pudiera llegar a cometerse contra los investigados o pudieran cometer los mismos y, por ende, tampoco los indicios que llevaron a la policía de Mossos d’Esquadra a investigar en cumplimiento de su obligación de evitación de la comisión de delitos, ni tampoco cuáles fueron las razones por las que consideraron que las personas investigadas y no otras podrían convertirse en autores o víctimas de se delito nunca especificado". "No basta --añade el ministerio público-- con que la policía alegue de forma genérica que tal invasión se realizó en el curso de una investigación y por lo tanto estaba justificada. Admitir tal explicación de la forma en que se obtiene la información y el tiempo durante el cual las personas han sido seguidas y observadas, sería tanto como legitimar un Estado policial”.