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Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña / EFE

El Constitucional avisa de nuevo a Torrent sobre su desobediencia

El TC ha admitido a trámite varios incidentes de nulidad presentados por el Gobierno y suspende dos resoluciones independentistas

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El Tribunal Constitucional (TC) ha advertido de nuevo al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara catalana sobre las consecuencias penales que implica tramitar resoluciones independentistas contrarias a las sentencias del Alto Tribunal. 

El TC ha admitido a trámite varios incidentes de nulidad presentados por el Gobierno contra dos acuerdos de la Mesa del Parlament del 22 y 29 de octubre, relativo a una propuesta de resolución de Junts per Catalunya, ERC y CUP sobre la sentencia del procés --en la que se defiende el derecho a debatir la autodeterminación-- y el rechazo de la Mesa a las solicitudes de reconsideración de varios grupos de la oposición. El Pleno suspende las dos resoluciones y da traslado al Ministerio Fiscal y al Parlament para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.

Delito de desobediencia

El Constitucional avisa a Torrent de que podría incurrir en un delito de desobediencia si ignora o elude sus resoluciones, aunque de momento ha rechazado deducir testimonio sobre ese tipo penal, como pedía el Gobierno. 

El Gobierno impugnó la iniciativa de los grupos secesionistas en la que literalmente se señala: “Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y diputadas... la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político". También recurrió el acuerdo del 29 de octubre por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por los grupos de Ciudadanos, PSC-Units per Avançar y PP.

Deben paralizar cualquier iniciativa que ignore la suspensión

El Pleno acuerda que su resolución “se notifique personalmente al Presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros”. A todos “se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

El tribunal acepta estudiar los impugnaciones presentadas por el Gobierno, que entiende que la admisión de esta iniciativa parlamentaria incumple sentencias dictadas por el Constitucional en 2015, 2018 y 2019 relacionadas con la independencia de Cataluña. También dos providencias del TC dictadas el 10 y el 16 de octubre en las que ya advirtieron al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a Torrent y a cada uno de los miembros del órgano que dirige el Parlament.

Las alegaciones del Parlament

Por otro lado, los letrados del Parlament ha presentado alegaciones a dos incidentes de ejecución de resoluciones suspendidas por el Constitucional en las que la Cámara catalana insistía en el derecho de autodeterminación. Los puntos objeto de suspensión por el alto tribunal hacen referencia al ejercicio del derecho a la autodeterminación, la petición de amnistía para los políticos presos y la desobediencia institucional, incluidos en varias resoluciones a finales de septiembre.

La Cámara reclama que no se admitan o se desestimen los incidentes de ejecución por entender que "no contravienen" las resoluciones del Alto Tribunal.
 

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