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Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat y responsable de las políticas de vivienda / EFE

El Consejo de Garantías analiza si el decreto de vivienda 'legaliza' la ocupación

Ciudadanos, que cuestiona las medidas restrictivas para los propietarios, pide un dictamen sobre la constitucionalidad de la norma

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El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatut, analizará si el decreto de vivienda de la Generalitat vulnera los derechos de los propietarios. Lo hará a instancias de Ciudadanos, que ha solicitado el dictamen --admitido a trámite-- al entender que la norma catalana "legaliza" la ocupación bajo la "influencia de Podemos", según informan fuentes de esta formación.

El decreto 1/2020 modifica el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. En el mismo, el inicio de acciones judiciales por parte de los propietarios de los inmuebles para recuperar la posesión de los mismos por ocupación ilegal deja de ser una causa justificada suficiente para entender que no se está incumpliendo el deber de destino efectivo a vivienda del inmueble. A juicio de Ciudadanos, equiparar “injustificadamente” la situación de quienes sufren la ocupación ilegal a los que incumplen el deber de destino de la función de vivienda de sus inmuebles”.

“Si la ocupación ilegal por definición excluye la posibilidad de ocupar por parte del propietario o de un tercero contra su propia voluntad cómo es posible sostener que la norma no está abriendo la puerta a una especie de responsabilidad objetiva basada en la mera titularidad formal de un inmueble y no en el incumplimiento de su destino la función de vivienda de los inmuebles”, plantea Cs.

El decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda persigue un triple objetivo: combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de los alquileres en viviendas privadas.