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Fotografía del hemiciclo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa / WIKIPEDIA

El Consejo de Europa examinará la situación de políticos encarcelados en España

La investigación, que incluye a Turquía, estudiará si se ha vulnerado la "libertad de expresión" de los presos aunque el texto evita hacer mención explícita a los encausados del 'procés'

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Malas noticias para España desde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El organismo investigará si se vulnera la "libertad de expresión de los políticos encarcelados en España y en Turquía". La iniciativa nace de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos donde se recoge el aumento por "el creciente número de políticos nacionales, regionales y locales procesados por declaraciones efectuadas en el ejercicio de su mandato". El texto recoge la necesaria protección de los "diputados que pertenecen a la oposición y cuyas ideas difieren fuertemente de las de la mayoría". 

El texto, que avanzado La Vanguardia y que ha podido corroborar Crónica Global, cita a la Convención de Venecia y recuerda que "el principal propósito de la inmunidad parlamentaria yace en la fundamental protección del Parlamento y en la garantía de independencia de los representantes electos". El texto recuerda que esta condición "es necesaria para el efectivo ejercicio de sus funciones democráticas". De la misma forma, censura las "llamadas a la violencia" incluso cuando vienen de representantes electos.

Firmantes

La mayoría de los diputados –16 en concreto– proceden del grupo de los Socialistas, Demócratas y Verdes (SOC). Asimismo, también firman cuatro representantes del Partido Popular Europeo (EPP en inglés), dos de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y uno de los Conservadores Europeos (EC en inglés). En total, 24 cargos electos ponen en marcha una comisión que durará meses y deberá dilucidar si se están violando derechos fundamentales en estos países. 

La resolución de la asamblea choca con el posicionamiento oficial del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, que apoyó el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo a los políticos procesados por los hechos acontecidos en octubre de 2017. De hecho, el alto mandatario afirmó junto al ministro de Exteriores, Josep Borrell, que no tenían “ninguna duda" de que la evolución del dictamen se está desarrollando "de acuerdo a la ley española y al Convenio Europeo de Derechos Humanos".