La Consejería de Interior exculpa a una mossa que escribió "Puto rey"

Que una agente de los Mossos d’Esquadra escriba en las redes sociales “Puto rey” no es susceptible de sanción, según el director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer. Sí lo es que un mosso diga que “la república no existe, idiota” o que una cabo escriba supuestamente “Puigdemont capullo”.

Ferrer considera que esos insultos al monarca, que la mossa escribió en su perfil de Twitter @marionalacuca, “han sido publicados a título personal y en un ámbito de escasa trascendencia pública, no pudiéndose relacionar en ningún momento los mismos con la actividad propia del cuerpo de Mossos d’Esquadra o que suponga una ostentación explícitamente querida de la pertenencia al cuerpo para darles una mayor relevancia”.

No obstante, el mando policial asegura que la Dirección General de la Policía “continuará exigiendo de los miembros del cuerpo de Mossos el cumplimiento de los principios éticos inherentes a todos los profesionales de la Policía de Cataluña”.

Denuncia y doble rasero

Ferrer responde así al escrito presentado por la cabo Inma Alcolea, quien fue suspendida de empleo y sueldo, y trasladada de su lugar de trabajo, por escribir supuestamente “Puigdemont, capullo”. Algo que ella siempre ha negado. De hecho, varias sentencias judiciales le han dado ya la razón. Curiosamente, el director general de la Policía da carpetazo a esos insultos al Rey invocando como “jurisprudencia” una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo --para que haya jurisprudencia debe haber varias sentencias concordantes-- relativa al caso de Alcolea.

En su denuncia ante la División de Asuntos Internos de los Mossos, Alcolea recuerda que “ustedes me suspendieron de empleo y sueldo como medida cautelar al encontrar en un perfil de Facebook un insulto al expresidente fugado Carles Puigdemont”. En aquellas fechas, enero de 2017, el director de la Policía Autonómica era Andreu Martínez.

"Genestapo"

Un insulto, afirma Alcolea, “por el que ustedes me tuvieron 16 meses inmersa en un expediente disciplinario” que acabó con “una resolución de siete meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida de mi plaza fija”. Añade también que “me expedientaron un mes por mirar a mi familia en la base de datos y cinco meses por llamar a la Generalitat Genestapo y a los mandos de los mossos de Girona, golpistas”.

“De los mossos que he denunciado por insultar y difamar a la monarquía, a las altas instituciones del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a cantidad de políticos constitucionalistas, a jueces… llamar a la desobediencia, a la sedición, filtrar públicamente mi domicilio, las fotos de mis hijos, sus colegios, publicar mis informes médicos y mis medicinas, insultarme, difamarme y un largo etcétera… no hay absolutamente ninguno de ellos sancionado”, denuncia la cabo, en referencia, entre otros, al líder de los Mossos independentistas, Albert Donaire. Tal como publicó Crónica Global, el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICEM) analiza si es compatible el activismo de Donaire con su situación de baja laboral.