Menú Buscar
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el exministro Cristóbal Montoro, hablan antes de la aprobación definitica de los presupuestos en el Congreso / EFE

El Congreso aprueba los presupuestos enmendados del PP tras pasar por el Senado

El último paso para que entren en vigor los PGE de 2018 es publicar la ley en el Boletín Oficial del Estado

3 min

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 han superado este jueves su último trámite en el Congreso. Tras su paso por el Senado y de añadirse 31 de las 44 enmiendas presentadas al proyecto inicial del PP, las cuentas del Estado han salido adelante y ya solo queda que salga publicada la ley en el BOE. De esta forma, los presupuestos tendrán una vigencia de tan solo seis meses, hasta que termine el año.

Las 44 enmiendas aprobadas en el Senado, con la abstención del PSOE y Coalición Canaria y el rechazo de Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. El PP tiene mayoría en el Senado, por lo que no ha tenido problemas en aprobar las enmiendas. Las modificaciones aprobadas en la Cámara Alta suponían unos cambios en 175 millones: 31 millones menos para el País Vasco y 144 millones más para infraestructuras en Aragón.

Las enmiendas del PP

La propuesta fue diseñada por el Gobierno del PP y aprobada en primera instancia con los votos del PNV. Tras la moción de censura que Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy, el Gobierno del PSOE asumió esos PGE. Entonces, fueron los populares los que presentaron enmiendas a sus propios presupuestos, ya que había introducido cambios para lograr el apoyo de los nacionalistas vascos.

Éstos, votaron a favor de la moción de censura contra Rajoy. Es por esta razón que el PP presentó enmiendas que suponían una rebaja de 35 millones de euros las inversiones previstas en el País Vasco. Los nacionalistas vascos habían conseguido negociar 540 millones, que finalmente se han reducido en 31 millones.

Afectados por la talidomida

Una de las enmiendas es la referente a los afectados por la talidomida. Todos los partidos han aceptado aumentar la partida inicial prevista, de 20 millones, en función de la discapacidad de cada uno de los afectados. Sólo han rechazado la medida el Foro Asturias y el PSOE, que considera que “no supone una solución real por carecer de dotación presupuestaria”.