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El exdiputado foral del PNV, Alfredo de Miguel, condenado por la Audiencia Provincial de Álava / EFE

Condenado por corrupción el diputado foral del PNV Alfredo de Miguel

La Audiencia Provincial de Álava ha juzgado el mayor proceso de corrupción en el País Vasco relacionada con los contratos públicos

3 min

La mayor red de corrupción juzgada en el País Vasco. El llamado caso del 3% del País vasco. Es lo que ha juzgado la Audiencia Provincial de Álava, que ha condenado al exdiputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial Alfredo de Miguel, que en el momento de los hechos investigados era un cargo del PNV. La condena asciende a 13 años y tres meses por diferentes delitos vinculados a la corrupción, aunque, por Ley, sólo cumpliría un máximo de nueve años de cárcel.

Se trata del ‘caso de Miguel’, que integra la investigación sobre una presunta red vinculada a excargos del PNV y que estaba dedicada al presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Una condena que llega justo cuando el PNV está negociando la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y con un papel relevante de los nacionalistas vascos para convencer a ERC que se acabe absteniendo en la investidura.

Adjudicación de contratos públicos

El proceso judicial ha sido largo, durante todo el 2018, y se han juzgado a 26 personas, por diversos delitos relacionados con la corrupción, que habrían sido cometidos entre 2005 y 2009.

De hecho, la Fiscalía llegó a señalar que la presunta red corrupta actuaba como una “mafia”, y que no dudaba en recurrir a las “coacciones” para obtener comisiones ilegales a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos.

Desacreditar la investigación

¿Y quién lideraba esa red? Según el ministerio público estaba liderada por el exdiputado foral Alfredo de Miguel, y otros antiguos cargos del PNV de Álava. El fiscal reclamó una pena de 29 años y nueve meses de cárcel para el antiguo diputado foral de Álava, al que se consideraba el jefe de la red.

Los abogados de los principales acusados han basado su defensa en un intento de desacreditar la labor de investigación y recopilación de pruebas efectuada por la policía autonómica, y también han cuestionado la veracidad de los testimonios y grabaciones que efectuó la empresaria que destapó la trama, Ainhoa Alberdi.