El penúltimo pulso entre el Gobierno catalán y su socio de legislatura, la CUP, se ha saldado con foribundas críticas de los antisistema hacia una supuesta “estructura de estado”, según la terminología secesionista: los Mossos d’Esquadra.
El enfrentamiento, que tiene lugar en plena negociación de los Presupuestos de la Generalitat, llega tras un rosario de concesiones parlamentarias en materia de seguridad por parte de Junts pel Sí (CDC y ERC) que han indignado a los sindicatos policiales. La tibia defensa realizada por el consejero de Interior, Jordi Jané, respecto a la actuación de la policía autonómica, unida a los llamamientos del presidente Carles Puigdemont a no criminalizar el derecho a la libertad de expresión, evidencian que los guiños hacia la CUP persisten, sin reciprocidad por parte del partido de Anna Gabriel.
"Linchamiento"
Uno de los ejemplos más llamativos de ese trato exquisito demostrado con la CUP fue la participación del exdiputado antisistema David Fernández en la mesa redonda La mediación en la PG-ME, celebrada el pasado mes de septiembre en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. El Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME) calificó de "indecente" y de "falta de respeto" la presencia de Fernández en ese centro formativo, tras el “linchamiento” recibido por los agentes en desalojos y manifestaciones. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del PP Alberto Villagrasa, el consejero de Interior justificaba la invitación realizada a Fernández, aunque según precisaba, no está previsto que el exlíder de la CUP vuelva a ser ponente.
Pistolas taser
Igualmente polémico fue el inmediato apoyo del consejero Jané al grupo de trabajo parlamentario solicitado en febrero por la CUP para analizar el uso de pistolas taser: indignó a Mossos y causa sorpresa en su propio departamento. Más recientemente, la decisión del Gobierno catalán de reabrir el caso Esther Quintana --la mujer que perdió un ojo por el impacto de una bala de goma de los Mossos-- fue interpretado por los partidos políticos de la oposición como un claro ejemplo del mercadeo presupuestario, pues se trata de un caso ya juzgado, y sublevó a los agentes policiales.
Asimismo, las mociones aprobadas en el mes pasado en el Parlamento catalán, en las que se insta a la Generalitat a publicar “los muertos bajo custodia policial” o a elaborar un informe sobre “las denuncias por casos de vulneración de derechos humanos por parte de los cuerpos policiales que realizan funciones en Cataluña”, también constituyeron un agravio para los policías. Y gracias a los votos de JxSíy la CUP fue vetada la presencia de varios sindicatos en la Cámara catalana durante el debate de la ley de la agencia catalana de ciberseguridad.
