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Ada Colau (d), alcaldesa de Barcelona, con Francina Vila, nueva concejal de JxCat en el consistorio / AjBCN

Ada Colau da el primer paso para subir la grúa, la zona azul y el IBI

El gobierno municipal de Barcelona aprueba inicialmente las nuevas ordenanzas fiscales gracias a que los independentistas de ERC y JxCat evitan el veto

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El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona se ha apoyado en la abstención de ERC y JxCat para aprobar inicialmente las nuevas ordenanzas fiscales, que conllevan incrementos de la grúa, las zonas verdes y azul, el IBI o la tasa de terrazas, entre otras. Barcelona en Comú (BComú) y PSC se han valido de la abstención de los independentistas para que la propuesta pase el primer corte. Han votado en contra Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi.

En el pleno ordinario de octubre celebrado hoy en Barcelona, el Ejecutivo local ha defendido que la propuesta de ordenanzas fiscales actualizadas sirven para "adaptarse al entorno macroeconómico cambiante, garantizar la solvencia y las inversiones programadas". Lo ha defendido la edil de Régimen Interno y Hacienda, Montserrat Ballarín, quien ha subrayado que "aún hay tiempo para dialogar e introducir mejoras" en el texto. Según la electa, el borrador aprobado hoy "acaba con la incoherencia" y "actualiza la tasa de terrasas, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el precio del estacionamiento en superfície", entre otros. Sus argumentos han generado una abstención de los independentistas, que habían tratado de marcar el pleno municipal con propuestas de resolución contrarias a la sentencia del procés.

La oposición, en contra

Por contra, no han encontrado apoyo BComú y PSC en el resto de grupos de la oposición. María Luz Guilarte, presidenta de Ciudadanos en Barcelona, ha valorado que la propuesta supone un "impuestazo en toda regla". Según la electa, "Barcelona es una de las ciudades con mayor presión fiscal de España", por lo que se impone "retirar unas ordenanzas que suponen un sablazo al bolsillo de los barceloneses". Bajo el punto de vista de la concejal, "no es el momento ni el lugar para una subida de impuestos". Ha alertado también Guilarte del impacto de la subida de tasas sobre "los autónomos y las empresas".

Manuel Valls, portavoz de Barcelona pel Canvi, ha advertido de que el documento tendrá repercusiones "sobre la actividad económica en el peor momento posible". Según el también ex primer ministro francés, lo que debería hacer el Ayuntamiento de Barcelona es "ayudar al comercio y la restauración, no subirles las tasas" habida cuenta de la "regresión económica prevista". A su vez, Josep Bou, líder del PP en el consistorio ha defendido que la "mejor política social es la creación de empleo". Apuesta el también expresidente de Empresaris de Catalunya por "reducir la presión fiscal sobre los barceloneses". También ha avanzado Bou que sufrirán este cambio "las rentas más bajas".

Hasta 82 millones de euros al año

La propuesta de actualización de las ordenanzas fiscales busca dar más oxígeno a las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona. Prevé el bipartito BComú-PSC que la propuesta agregue 82 millones de euros a la recaudación fiscal global del consistorio. Ello será posible con incrementos de gravámenes en, por ejemplo, el área verde (eliminación de bonificación, introducción del pago en agosto y aumento de tarifas); el área azul (con la eliminación de la gratuidad de 14:00 horas a 16:00 horas e incrementos según lo contaminante que sea el vehículo), la grúa (de 147 euros actuales a 173 euros); el Impuesto de Bienes Imuebles (IBI) o la tasa de terrazas, que se incrementará hasta un 400%. También tocará el Ayuntamiento las tasas de alcantarillado, las bonificaciones por energía solar y los gravámenes sobre vehículos.

Con este esquema, la actualización de las ordenanzas ha sorteado el primer obstáculo en el pleno municipal de hoy. Ahora será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y se abrirá una ventana de 30 días para presentar alegaciones. Al término de este plazo la modificación se llevará de nuevo al pleno para su aprobación final. Al menos un sector, los restauradores, ya estudian la impugnación legal de la iniciativa a la espera de las negociaciones de las próximas semanas.