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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en una comparecencia durante la crisis del coronavirus / EFE

Los tratos de Colau con Roures chocan con su protocolo antiblanqueo

Mediapro pone en riesgo sus contratos públicos con el Ayuntamiento de Barcelona por el caso 'Fifagate', que vincula a su filial en EEUU con paraísos fiscales

7 min

Los tratos del gobierno municipal de Ada Colau con Mediapro, el grupo que preside Jaume Roures, están actualmente en vulneración flagrante del protocolo contra el blanqueo de capitales e incumplimiento de la normativa fiscal del Ayuntamiento de Barcelona. El conglomerado audiovisual ha puesto en riesgo sus contratos públicos por el caso Fifagate que salpica a la compañía y a Imagina Audiovisual, su matriz. Un decreto de alcaldía de 2016 prohíbe trabajar con empresas que hayan operado en paraísos fiscales. Y Mediapro admitió al menos un pago por medio de una de estas jurisdicciones. Y ahora, su filial en Estados Unidos (EEUU) está acusada de utilizar estos territorios de forma sistemática.

Preguntada por la cuestión, Mediapro ha preferido no contestar a las preguntas de este medio. El Ayuntamiento de Barcelona, sobrecargado por el volumen de trabajo por la crisis del SARS-CoV-2, ha indicado que podría tardar unos días en responder. De momento, esto es lo que hay: el grupo de Jaume Roures se declaró culpable en 2018 de un soborno realizado en 2015 por dos directivos de una filial: Media World [ver plea agreement o admisión de culpabilidad aquí]. Aquella admisión de culpa contenía una explicación de la operativa del pago irregular. La transferencia delictiva se realizó mediante el envío de una falsa factura desde una empresa-pantalla de Panamá a la filial portuguesa de Mediapro: Medialuso. Desde la empresa lusa se realizó la transferencia final al sobornado.

Mediapro pone en riesgo sus contratos públicos con el Ayuntamiento de Barcelona / CG

Colau 'vetó' los paraísos fiscales en 2016

Negro sobre blanco: Mediapro admitió en 2018 haber usado al menos un paraíso fiscal, Panamá. Lo que es más: en el último auto de imputación de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que investiga el escándalo Fifagate [consultar aquí], se vuelve a vincular a Mediapro y a su cabecera Imagina con países catalogados como paraíso fiscal. El letrado del Departamento de Justicia, Richard P. Donoghue, lo hace en la página 18 de su escrito. Sostiene que "varios miembros de la trama" utilizaron, entre otros, "cuentas bancarias cifradas en paraísos fiscales y otras jurisdicciones opacas" para el fisco. Uno de estos miembros es Gerard Romy, ex consejero delegado en Mediapro.

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Extracto del decreto de alcaldía que desvincula legalmente al Ayuntamiento de Barcelona de empresas que utilicen paraísos fiscales / CG

Así las cosas, Mediapro, que preside Jaume Roures, admitió al menos un soborno vehiculado vía Panamá. Asimismo, su ex mano derecha, Romy, está ahora imputado por haber usado, presuntamente y a la espera de lo que dictamine la juez del caso Fifagate, otros "paraísos fiscales", según el ministerio público. Este hecho entra en flagrante contradicción con el decreto de alcaldía S1/D/2016-1419 de 19 de mayo [consultar aquí], por el cual el Ayuntamiento de Barcelona declara "su voluntad de no tener relación jurídica con una empresa que, directamente o mediante empresas pantalla o filiales, desvíe fondos a paraísos fiscales con la intención de evadir sus obligaciones tributarias".

El gobierno de Barcelona en Comú y PSC aprobó también en 2016 la inclusión de una cláusula que fija que los contratistas "no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales, según la lista elaborada por las instituciones europeas o avaladas por éstas", movimientos que sean "considerados delictivos en los términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o delitos contra la Hacienda Pública". Precisamente, Romy está imputado por cuatro tipos penales coincidentes con esta descripción: fraude, conspiración para defraudar; lavado de capitales y conspiración para lavar capitales. Pende también sobre el ex consejero delegado en Mediapro un cargo de organización criminal.

Mediapro construye vivienda pública para Colau

Llegados a este punto, Romy puede estar imputado, pero mantiene aún intacto el derecho a presunción de inocencia. Lo probado es que Mediapro utilizó al menos un paraíso fiscal, Panamá, para cometer un hecho delictivo: un soborno. El grupo lo admitió en 2018, tratando de zafarse de la presión del fiscal. Pero, ¿es Panamá un paraíso fiscal? Sí. Lo es a todos los efectos desde el 18 de febrero de 2020, cuando la Unión Europea volvió a incluir al pequeño Estado centroamericano en su recopilación de Estados poco transparentes con su fiscalidad o en el intercambio de información. Las instituciones comunitarias colocaron a Panamá en el punto de mira junto a las Islas Caimán, las Seychelles y otras nueve jurisdicciones. De hecho, la lista de territorios que no cooperan en materia de intercambio de información sobre fiscalidad, una lista elaborada tras el escándalo de los Panama Papers, se puede consultar aquí.

El hecho de que US Imagina se declarara culpable de un soborno con uso de al menos un paraíso fiscal y que un ex consejero delegado del grupo, Gerard Romy, esté investigado por tipos penales que se cometieron, sostiene el fiscal, en estos territorios, cuestiona los contratos públicos de Mediapro con el Ayuntamiento de Barcelona. El último y más mediático es el acuerdo entre el ejecutivo local de Ada Colau y Mediaurban, filial del grupo de Jaume Roures, para construir 47 pisos de vivienda social en Barcelona. El proyecto [ver nota de prensa oficial aquí] es una cesión directa de la concejalía de Vivienda y Rehabilitación, que dirige Lucía Martín, exdiputada de Unidas Podemos en el Congreso. Otros contratos incluyen las adjudicaciones a Antena Local, filial de Mediapro que ha realizado diversos proyectos [ver trabajos en su página web] para el ayuntamiento, incluyendo la realización de la Gaceta Municipal.