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Política

El Prat, el último incendio entre Ada Colau y el PSC

La alcaldesa de Barcelona y los socialistas chocan por la ampliación del aeropuerto, como antes lo hicieron por la movilidad, los Juegos de invierno o las remunicipalizaciones

10 min

El preacuerdo entre Gobierno y Generalitat de Cataluña para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha tenido muchas consecuencias. Una de ellas es abrir otra brecha en el gobierno municipal que forman BComú y PSC en la Ciudad Condal. Los socialistas han bendecido el plan de inversiones para la instalación, mientras que los comunes, partido de la alcaldesa Ada Colau, han anunciado una oposición férrea

La divergencia de posturas entre socialistas y comunes sobre El Prat es novedosa, pero en ningún caso inédita. Los dos partidos que comparten gobierno en la capital catalana han chocado este mandato por varios asuntos. En la retina figura la ruptura de la legislatura anterior, cuando BComú echó al PSC del Ejecutivo local tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña que siguió al desafío secesionista de 2017. 

1. Ampliación de El Prat

La entente entre Moncloa y Generalitat para avanzar en la ampliación de El Prat ha recibido el del PSC de Barcelona, que la ha tildado de "magnífica noticia". Según los socialistas, el plan de inversiones para el aeropuerto --que tendrá que pasar el corte de la Comisión Europea-- "permitirá convertirnos en hub internacional, atraer inversiones y generar miles de puestos de trabajo". 

Es lo que dijo el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni. Las palabras del concejal socialista casi se simultanearon con las de la responsable de Urbanismo, Janet Sanz, que censuró el acuerdo por El Prat. Al día siguiente y por si quedaban dudas, la alcaldesa Ada Colau vinculó el crecimiento de la instalación crítica a un "pelotazo". Los comunes han recibido el apoyo de Unidas Podemos, que avanzó que hará oposición a todos los niveles

2. Remunicipalizaciones

El intento de remunicipalizar servicios ha sido una de las constantes desde que Barcelona en Comú alcanzó la alcaldía de la Ciudad Condal en 2015. El círculo del fracaso de estas intentonas se ha cerrado en julio de 2021, cuando el PSC votó en contra de una propuesta de sumarse a dos plataformas favorables a la toma pública del agua presentada por su socio de gobierno en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), los comunes. El desmarque de los socialistas de los chiringuitos por el agua de Eloi Badia, vicepresidente de Ecología del AMB, es la última muestra de una falla durmiente. 

Antes, BComú y socialistas ya mostraban diferencias en su programa. En el caso del agua, el caso más claro fue la sentencia favorable a la empresa mixta metropolitana del servicio que emitió el Tribunal Supremo. Validó la sociedad que forman Agbar (70%), el AMB (15%) y Criteria Caixa (15%). Así, el alto tribunal propinó un revés al equipo de Badia, que trataba de revertir una concesión pactada, entre otros, por el PSC. Un año antes, los socialistas ayudaron a tumbar la propuesta de multiconsulta del equipo de Ada Colau sobre dos asuntos, uno de ellos la toma pública del agua. El pleno la desarboló.

Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática de Barcelona y vicepresidente de Ecología del AMB / EP
Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática de Barcelona y vicepresidente de Ecología del AMB / EP  

3. Control del Besòs

Los seis años de BComú al frente del Ayuntamiento de Barcelona han ido vaciando de contenido el Consorcio del Besòs, uno de los entes que, en teoría, debía encargarse del desarrollo urbanístico de la frontera norte de la Ciudad Condal. Las otras corporaciones participantes, como Badalona, Sant Adrià o Santa Coloma, controladas por PP y el PSC, se han quejado en el pasado de las formas con las que gestiona Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona y presidenta del Consorcio. 

Ello, sumado a anomalías en las cuentas del organismo, como desajustes en contratación o el gasto en informes, ha propiciado que las tres corporaciones anunciaran que se coordinarán a otro nivel. Entre otros elementos, una de las corrientes de fondo es la pugna PSC-comunes por el poder metropolitano. En este contexto se enmarca el golpe que dieron los comunes en Barcelona Regional, que ha pasado de agencia de planificación urbana a casi apéndice del partido de Colau

4. Movilidad

La política de movilidad, uno de los ejes de BComú este mandato, ha dividido a los dos socios del gobierno municipal, como explicó este medio. Los comunes apuestan por la guerra al coche, que en el corto plazo se plasma en el llamado urbanismo táctico --a largo pretenden expulsar a motos y automóviles de un 33% del Eixample-- y por un peaje urbano. El PSC ha tenido una postura moderada con todo ello, aunque en un momento dado pidió "revisar" las actuaciones anticoche acometidas en pandemia. 

urbanismo tactico
"Urbanismo táctico" de Colau en Barcelona

En la cuestión del pagar por circular, los socialistas han señalado que el peaje urbano, que sí defienden los comunes, no aparece en los planes maestros de movilidad de Barcelona. Fuera del perímetro del ayuntamiento, desde Foment del Treball o Barcelona Global se ha cuestionado duramente la intervención urbanística agresiva contra los vehículos de motor, con el argumento principal de que perjudican la economía. 

5. Juegos de invierno de 2030

¿Debe Barcelona ser ciudad-sede de unos Juegos de invierno en 2030? El Govern dio el pistoletazo de salida al proyecto en julio. A renglón seguido, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, avaló la petición de candidatura enviada por el Ejecutivo catalán al Comité Olímpico Internacional (COI). El PSC en el Parlament también ha dado apoyo al proyecto, recordando el éxito de Barcelona 92. 

Por su parte, la socia de gobierno de los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, soltaba una bomba una semana atrás. Reclamó Colau una consulta ciudadana sobre la candidatura olímpica, por cuanto la Ciudad Condal "participará" en la misma. En paralelo a ello, la primera edil reclamaba que la iniciativa pivote sobre la "sostenibilidad ambiental y económica". 

6. Elección del Síndic de Barcelona

La elección del nuevo defensor del ciudadano de Barcelona genera disenso entre BComú y el PSC. El ganador de la consulta ciudadana sobre la elección a Síndic de Barcelona, David Bondia, cuenta con el apoyo de comunes y ERC, pero no con el de los socialistas. El nombramiento del sucesor de Maria Assumpció Vilà tenía que ir al pleno de julio, pero nada se sabe del asunto. 

El proceso de elección tiene una doble vuelta: los votos de la ciudadanía --donde Bondia barrió a su oponente, Ramon Nicolau, por 1.400 votos a 410-- y el consenso político: se precisan 27 votos de 41 ediles en el plenario. Este último paso es el que está bloqueado. Los socialistas apoyan la propuesta de Nicolau, que fue edil del Eixample cuando Jordi Hereu (PSC) fue alcalde. Nicolau ha perdido ahora en votos, pero tiene más apoyo entre las entidades sociales. 

7. Hermitage

Comunes y PSC tienen modelos económicos contrapuestos, una divergencia que se pone de manifiesto en algunas propuestas de inversión en la ciudad. La más llamativa por el ruido que ha generado es la construcción de una subsede del Museo Hermitage en el Puerto de Barcelona. Colau y los suyos han vetado en todo momento las obras, esgrimiendo argumentos de distintas intensidades. Llegando a llamarlo "pelotazo". 

Proyecto del Museo Hermitage Barcelona en la Nueva Bocana del Puerto de Barcelona / HERMITAGE BARCELONA
Proyecto del Museo Hermitage Barcelona en la Nueva Bocana del Puerto de Barcelona / HERMITAGE BARCELONA

Por su parte, el PSC ha exhibido lealtad con el partido de la alcaldesa de Barcelona, pero al mismo tiempo ha defendido la inversión de 50 millones, que supondrá la creación directa e indirecta de unos 400 empleos. El cénit de la tensión llegó en mayo, cuando la comisión de gobierno denegó la licencia a los promotores del Hermitage. Los socialistas emitieron un voto particular y se desmarcaron de los comunes.