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Colau eleva la presión política sobre Fira de Barcelona

Colau eleva la presión política sobre Fira de Barcelona

La alcaldesa de la Ciudad Condal intenta influir sobre el consejo de administración empresarial al aprovechar la aplicación del 155 en la Generalitat

12.11.2017 00:00 h.
5 min

Ada Colau sabe de la importancia capital para la economía de la ciudad que posee Fira de Barcelona. La institución se preparó hace unos años para evitar que los bloqueos de sus tres principales socios (Ayuntamiento, Generalitat y Cámara de Comercio) pudieran obstaculizar el funcionamiento. La alcaldesa de la Ciudad Condal, sin embargo, sigue empeñada en marcar su impronta sobre la entidad que organiza las ferias de la capital catalana y que controla el Congreso Mundial de Móviles (MWC). Una de sus últimas actuaciones pasa por dilatar aún más la designación de nuevo presidente para sustituir al actual, Josep Lluís Bonet.

El nombramiento del sucesor debe seguir el siguiente procedimiento: la Cámara de Comercio de Barcelona, presidida por Miquel Valls​, debe proponer los integrantes del consejo de administración entre los cuales se determina quién será el presidente. Valls tiene previsto hacer un pleno extraordinario cameral para aprobar los nombres el 23 de noviembre. Esa reunión aún no ha sido convocada, entre otras razones por las presiones de Colau para alargar el procedimiento. Una vez son designados los candidatos, el Consell General de la Fira (del que forman parte sus tres socios) debe ratificar quién será el futuro presidente.

Faura, Martí, Guardans

El máximo órgano de decisión ferial debe reunirse, por estatutos, dos veces al año. La tradición marca que los encuentros tengan lugar en julio y en diciembre. Ya en julio pasado se dio carpetazo al relevo de Bonet, pero en el último mes del año estaba previsto que se produjera la decisión. Las tres instituciones habían consensuado, incluso, que fuera Kim Faura, el delegado de Telefónica en Cataluña, quien asumiera la presidencia ferial. Varios miembros de la Generalitat habían dado su visto bueno al nombre. De hecho su pertenencia al gigante español de las telecomunicaciones era bien visto porque su presidencia contribuiría al reto de digitalizar la entidad ferial y afianzar la continuidad del congreso de los móviles en la ciudad.

Sin embargo, Colau intentó en un primer momento que fuera un consejero de perfil político independentista, el propietario de Moventia, Miquel Martí, quien asumiera el relevo. Aquella proposición disgustó al mundo empresarial barcelonés que veía cómo la alcaldesa intentaba situar al frente de la institución a uno de sus principales proveedores municipales, con intereses en el transporte público y en especial en el tranvía de la ciudad. Descartado el nombre de Martí, Colau ha llevado a cabo una campaña para que sea una mujer la nueva presidenta de Fira de Barcelona e intenta hacer recaer el cargo en la empresaria Helena Guardans, presidenta del Sellbytel. Ante la perseverancia de la Cámara de Comercio para que se mantenga el pacto de investir a Faura como nuevo responsable, la alcaldesa baraja diversas acciones políticas para frenar el nombramiento.

La excusa del 155

“Fuentes municipales están filtrando a los medios que, como la Generalitat está intervenida por el 155, habría que esperar a tomar la decisión cuando haya un nuevo Gobierno autonómico que avale la decisión. Eso significaría vulnerar los propios estatutos de Fira de Barcelona. Es poco probable que el secretario municipal del Ayuntamiento de Barcelona le esté recomendando eso a Colau”, relatan fuentes empresariales vinculadas a las dos instituciones.

El razonamiento municipal es dar voz al nuevo Ejecutivo autonómico, pero el mar de fondo es contribuir a aproximar más Fira de Barcelona a tesis políticos. “Somos la puerta del Mobile, cada vez cuesta más organizar ferias en esta ciudad, si además nos convierten en un instrumento político estamos finiquitados”, asegura uno de los consejeros de la entidad desde el anonimato.

Esta semana será determinante conocer si tanto Valls como Colau optan por el cumplimiento escrupuloso de la normativa y tapan las críticas de quienes consideran que la poca atención a las regulaciones y leyes establecidas de las actuales administraciones está perjudicando a la economía catalana.

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