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Colau inicia con opacidad la comisión de investigación de urbanismo

Tras suspenderla dos veces, se niega a ampliar el ámbito de estudio a la etapa socialista y a extender los casos que no sean solo de Fiscalía

13.10.2017 00:00 h.
5 min
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / EFE

Es la eterna comisión de investigación. El Pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona lo aprobó el pasado 26 de mayo con el voto de todos los grupos a favor: estuvieron todos de acuerdo en que era necesario estudiar algunas actuaciones irregulares en materia de urbanismo. Ahora, el equipo de gobierno de Ada Colau la ha puesto en marcha tras unos meses de aplazamientos y discusiones en las formas, y lo hace de forma opaca.

La propuesta fue iniciativa del partido municipal de Ciudadanos, liderado por Carina Mejías, y se centraba en investigar las posibles irregularidades existentes en el periodo 2011-2015 --en el que el exalcalde convergente Xavier Trias estaba al mando de la ciudad barcelonesa-- y que estén o hayan estado sujetas a investigación por parte de fiscalía.

Mandato socialista

Pero no era esa la proposición inicial, en la que se solicitaba que también se investigasen las que estuvieran bajo el foco de la Oficina Antifraude de Cataluña o los propios servicios municipales. Un punto en el que Alfred Bosch (ERC) y Alberto Fernández (PP) mostraron su disconformidad. Pidieron ampliar el ámbito de investigación a las irregularidades detectadas en 2009, con el Gobierno de Jordi Hereu (PSC), y criticaron a Mejías por crear un nuevo espacio de “Ciudadanos en Común”.

La comisión de investigación tenía que celebrarse el jueves 21 de septiembre, pero el Gobierno de Ada Colau la suspendió tras las detenciones de varios miembros de la Generalitat por parte de la Guardia Civil el día antes. La actividad del consistorio barcelonés se redujo drásticamente --llegando a suspender hasta cuatro Plenos, cuatro comisiones y cinco consejos de barrio-- y la nueva fecha para empezar a estudiar las irregularidades detectadas era el 3 de octubre.

Sin informe

Sin embargo, la huelga general convocada por sindicatos y entidades soberanistas tras la actuación policial durante el referéndum del 1 de octubre volvió a imposibilitar la celebración de la comisión. La nueva cita se fijó en el calendario para este miércoles, 11 de octubre, un día después de que Carles Puigdemont compareciese en el Parlamento de Cataluña para suspender la declaración de independencia. Peligraba, pero finalmente pudo celebrarse a puerta cerrada.

El problema radica, ahora, en la opacidad con la que el Gobierno de Barcelona en Comú está llevando la investigación. Para empezar, nadie del equipo de Ada Colau presentó informe alguno sobre los principales puntos que hay sobre la mesa para investigar, ni en qué estado están las acciones judiciales. El teniente de alcalde Jaume Asens dijo no saber que tenía que presentarlo.

Freno a la ampliación

“Parsimonia y lentitud”. Con esas dos palabras define la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Ángeles Esteller, la actitud del Gobierno municipal en este asunto. “La reunión del miércoles fue simplemente de trabajo previo, para establecer las normas de participación”, explica a este medio. Todos los partidos presentaron alegaciones del documento de partida. En el caso del PP, solicitaron de nuevo ampliar la investigación al año 2009; ampliar el objeto de investigación a otros ámbitos como el Puerto, el Consorcio de Educación, el Consorcio de la Mina y el IMI (Institut Municipal d’Informàtica) y extender los casos que no sean únicamente de Fiscalía.

Todas fueron denegadas. “Nos dijeron que no podemos investigarlo todo y que, por lo tanto, hay que centrarse en esto”, sostiene Esteller. Y se pregunta por qué, desde el consistorio, se está frenando la ampliación de cuestiones a tratar y cuál es la voluntad de impedir que se ponga también el foco en el mandato de los socialistas.

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