Es el empresario que ha denunciado el presunto compadreo entre el Ayuntamiento de Barcelona, que lidera Ada Colau, con los okupas. El directivo se ha querellado por ocho delitos contra el gobierno municipal tras sufrir una okupación-infierno de tres años, con cuatro intentos de desalojo. El juez ha admitido a trámite su escrito e investiga las acusaciones presentadas.
B., directivo del sector inmobiliario y la formación, representa a la inmobiliaria Vauras Investment SL en España. Vauras es una mercantil con cinco años de vida que se dedica a la inversión inmobiliaria. Pero no dejará un euro más en Barcelona tras ver como, siempre según su denuncia, el gobierno municipal de Ada Colau protegía a un grupo de okupas que tomaron sus pisos durante tres interminables años. Antes de marcharse, los allanadores destrozaron a Vauras sus viviendas.
Helsinki invertía en Cataluña
No siempre el escenario fue tan obtuso para sus intereses. El dinero finlandés buscó regar la capital catalana después de la anterior crisis a la caza de ofertas interesantes. Para ello, la matriz de Vauras, el fondo de inversión finlandés Confido Capital, creó en 2015 dos compañías: Catalonia Investment Oy y Barcelona Investment Oy. En una, Confido y sus directivos metieron apenas 2.500 euros y en la otra, 564.200 euros, según el registro mercantil finlandés.
Las sociedades las capitaneaba Juha Kojonen, director general de Confido Capital, que esperaba repetir el éxito de las inversiones inmobiliarias en Alemania y Bulgaria que había acometido la empresa desde 2010. No pudo ser. Cataluña se tornó una plaza hostil.
'Procés' independentista y Colau
Tal y como admite la compañía en sus statements para inversores, empezó a comprar edificios en Barcelona en 2015 atraída por los "buenos precios que no se habían recuperado" desde la recesión anterior. La alegría duró poco. Los "problemas políticos" devaluaron los activos, hasta el punto que se dio "por perdido el capital inicial". Confido y sus directivos dejaron de invertir temporalmente en Cataluña en otoño de 2017, en pleno auge del procés independentista.
Esperaban que, cuando el órdago secesionista amainara, el mercado se recuperaría. No fue así. La llegada de "un alcalde muy negativo para los intereses inmobiliarios" (cita textual), en referencia a Ada Colau, de la que destaca su cerrojazo de licencias hoteleras, frustró sus planes. En septiembre de este año [consultar aquí], Confido anunció que liquidaría los fondos barcelonés y catalán tras un 2018 en negativo. Ya no cobró la comisión de gestión del fondo.
Un directivo barcelonés denuncia al ayuntamiento
Antes de bajar la persiana en una región y una ciudad hostiles para su inversión, los finlandeses hicieron algo más. Un miembro del consejo de sus dos empresas en Cataluña y Barcelona, B., también inmobiliario en Barcelona y cofundador de una innovadora empresa, denunció al ayuntamiento por su connivencia con los okupas. Desde Finlandia derivan a B. cuando se les pregunta por una querella contra el consistorio con ocho delitos: coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y usurpación de atribuciones.
¿Los denunciados? Lucía Martín, concejal de Vivienda y Rehabilitación; Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación y de distrito en Sants-Montjuïc; y la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá. B., que representa a Confido en España, les acusa de torpedear cuatro intentos de desalojo de sus pisos en el número 48 de la calle Lleida de Barcelona, el llamado Bloc Llavors. Pusieron, dice la empresa y su hombre en España, trabas a las comitivas judiciales en hasta cuatro ocasiones, pese a que había órdenes de los jueces. Lo ven delictivo.
Abogados: "La connivencia con okupas es constante"
Antes de que el juez decida si lo es, abogados bregados en la okupación han hablado. Uno de ellos, Daniel Vosseler, recuerda que ha defendido "a madres solteras con hijos a quien han ocupado su piso mientras acudían con su hijo al hospital. Y el ayuntamiento lo ha defendido". Según el letrado, "hay connivencia continua" del bipartito sociocomún de Barcelona con los okupas. "Y cuando dicen que son grandes tenedores, mienten. Yo tengo casos de propietarios particulares a quienes les han okupado la vivienda y los comunes han obstaculizado el lanzamiento", explica.
En el caso de la madre soltera que defendió Vosseler, el juez autorizó el desalojo. Cuando el letrado fue a recoger las llaves, hubo otra okupación del piso. Volvió a denunciar y el magistrado autorizó un desalojo exprés. Con Vauras Investment y B., el empresario que les representa y que ha denunciado a Colau, la situación también se complicó. Los okupas se metieron en el bloque en 2017 y no salieron hasta febrero de este año. Tuvo que intervenir la Brigada Móvil de los Mossos y Desokupa tras tres intentos frustrados de sacarles. Ello ha sido demasiado para el dinero finlandés, que se marcha de Barcelona. Queda la denuncia de B., que pide 25 millones al ayuntamiento como fianza por los daños ocasionados.
