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Toni Soler, Oriol Soler, Antoni Bassas, Jaume Roures, Albert Om y Ferran Rodès / CG

Montoro exige información sobre el dinero público percibido por los ideólogos del ‘procés’

Hacienda insta a la Generalitat a informar de las subvenciones y pagos a Oriol Soler, gurú del independentismo, a los empresarios Roures, Carulla y Rodés, y a los periodistas Soler o Bassas

06.03.2018 18:23 h.
3 min

El Ministerio de Hacienda ha enviado un escrito a la Interventora General de la Generalitat en el que reclama información sobre los pagos y subvenciones concedidas por el Govern desde 2015 a personalidades y empresas vinculadas al procés. Entre ellas se encuentran el gurú independentista Oriol Soler, así como el empresario audiovisual Jaume Roures o los activistas del independentismo Antoni Bassas, Toni Soler, Eduard Voltes o Albert Om, entre otros. 

En su requerimiento, al que ha tenido acceso Crónica Global, el ministerio pide información sobre “la totalidad de los pagos efectuados por cualquier concepto a Oriol Soler, por parte de la Generalitat o de cualquier entidad del sector público autonómico de la Generalitat desde 2015”. Soler está considerado como el cerebro del procés y uno de los puntales del sanedrín independentista.

Asimismo, el Gobierno también quiere conocer los pagos “por cualquier concepto” a todas las empresas de Jaume Roures, y a los accionistas del diario Ara: Toni Soler, Albert Om y Antoni Bassas. Montoro extiende esta intervención a la corporación alimentaria Agrolimen, empresa de la familia Carulla, y a Ferran Rodés, miembro del grupo de accionistas propietario de Havas y presidente del rotativo Ara. Publicaciones como Sapiens o entidades como Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes también están incluidas en este documento.

“Becas, artículos y capítulos de libros” 

Además de esos pagos, el ministerio reclama los detalles de las subvenciones y ayudas a esos colaboradores y empresarios afines al procés. La fiscalización de Hacienda incluye “becas, artículos y capítulos de libros” con cargo a los fondos de la Generalitat o del Instituto de Estudios de Autogobierno, “identificando la partida presupuestaria a partir de la cual se realizó el pago, asi como la totalidad del expediente de gasto”.

La Revista Catalana de Derecho Público, dirigida por Enoch Albertí, merece una concienzuda atención por parte del ministerio, así como los pagos efectuados por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI) o Cesicat desde 2015 a T-Systems, IBM, International Business Machines o DXC Technology Spain.

Diplocat

La interventora de la Generalitat deberá aclarar también las cuentas anuales del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), órgano que hasta ahora se encargaba de la propaganda internacional del Govern, que fue disuelto por decisión del Consejo de Ministros.

El documento se hace eco de la resistencia de la Intervención General de la Generalitat a informar de las subvenciones otorgadas por las 129 entidades del sector público no administrativo. Pero el ministerio insiste y reclama datos sobre los pagos a la Asociación de Municipios por la Independencia, Òmnium Cultural, Súmate o Sobirania i Justicia.