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Mercé Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona, durante la campaña del 27S junto a Mas, Romeva y Junqueras.

Ciudadanos se queda solo con su propuesta de suprimir las diputaciones

El PP, al contrario de lo que decía en 2011, las defiende, mientras que el PSOE y Podemos mantienen una actitud indefinida

Antonio M. Yagüe
7 min

Vivir para ver. El PP, que había prometido eliminar las diputaciones hace cuatro años, no sólo ha mantenido intactas estas reliquias del poder provincial, sino que ha aumentado sus competencias y se ha lanzado a defenderlas con uñas y dientes frente al plan de Ciudadanos, similar al suyo en el 2011.

Objetivo de Génova: afianzar su hegemonía en el medio rural, como únicos defensores, y mantener el poder político en forma de votos y el económico en forma de más de 3.000 millones.

A pesar del revés sufrido en las municipales, el partido de Mariano Rajoy todavía conserva casi la mitad de estas instituciones, que manejan un presupuesto de más de 8.000 millones de euros. Y algo muy importante, cerca de 1.300 cargos-sueldos de designación indirecta o mamandurrias, en popular expresión de Esperanza Aguirre.

Campaña por todo lo alto

Bajo el lema Mi pueblo no se cierra, Génova ha puesto al frente de esta campaña a su nuevo “número tres”, vicesecretario de organización, Fernando Martínez Maíllo, que presidió la Diputación de Zamora hasta hace cinco meses. La vicepresidenta del Gobierno y “número dos” del PP por Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado claro su padrinazgo de la propuesta: “Es un error y pura demagogia plantear su desaparición”.

Hasta el propio Rajoy ha bajado a Cuenca en compañía de la secretaria general, Dolores de Cospedal, para recordar que él inició su andadura política como presidente de la Diputación de Pontevedra y reiterar que, 40 años después, las diputaciones siguen dando servicios a 15 millones de españoles que viven en 8.000 pueblos.

En esa campaña pepera de arraigo local no se pasa por alto afianzar costumbres y festejos populares, algunos tan detestables como el Toro de la Vega en Valladolid. Ni se olvida preguntar por las necesidades del pueblo o si recibieron el año pasado los adornos de fiestas, banderas, flores, bancos nuevos o  pintada de frontones.

Sí pero no socialista

El giro no ha sido tan copernicano en el PSOE, pero casi. De la supresión total prometida por Alfredo Pérez Rubalcaba hace cuatro años se ha pasado al ya veremos de Pedro Sánchez. También es cierto que las urnas han tenido su influencia: han pasado de controlar solo cuatro diputaciones a 17. Con sus correspondientes dineros y mamandurrias.

En su proyecto federal, el PSOE deja que cada autonomía decida qué hace con la diputación. “Todo apunta que Galicia o Andalucía las mantendrán y otras no”, dicen en Ferraz.

El alcalde de Vigo, ex ministro y flamante presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, no lo tiene o no lo dice muy claro. Su “opinión personal” es “transformarlas de forma muy importante”, aunque reconoce que esta postura “está en minoría en la FEMP” y en su propio partido. También deja caer que no tiene sentido que las grandes ciudades como la suya, Vigo (300.000 habitantes), estén dentro de una diputación con un territorio de 800.000 personas.

Útiles en el 'procés'

El plan choca frontalmente en el País Vasco y Navarra, donde las diputaciones forales son poco menos que sagradas e intocables. Sus autoridades andan, además, más que mosqueadas por la propuesta de C’s de eliminar el cupo y los privilegios fiscales.

En Cataluña, las fuerzas nacionalistas siempre han considerado que estas instituciones, antiguas, obsoletas y españolistas, chocan con la organización autonómica. Pero hoy las defienden. Las cuatro están en manos de lo que queda de Convergencia, gracias al apoyo de ERC e incluso del PSC. Aparte de los jugosos presupuestos, más de 1.2000 millones, juegan un importante papel en el procés hacia la independencia.

Les ha venido al dedo la potenciación como oficinas de recaudación tributaria llevada a cabo por el PP. Pueden colaborar estrechamente y pasarle los datos a la futura Agencia Tributaria Catalana, una de las nuevas estructuras de Estado que estos partidos han previsto para la vertebración económica de la III República de Cataluña.

En esta comunidad son el quinto estamento de poder --y pudieron ser el sexto si se imponen las veguerías de Maragall y Carod Rovira-- junto a ayuntamientos, comarcas, consejerías y Gobierno central. También en la autonomía hermanada por la historia de Aragón.

Difícil venta en Castilla

El partido de Albert Rivera lleva camino de quedarse solo en su objetivo de modernizar la administración y ahorrar unos 10.000 millones eliminando diputaciones y fusionando ayuntamientos.

El propio Rivera y el responsable de su programa económico, Luis Garicano, han visto que esto último es muy difícil de “vender” en comunidades como Galicia y las dos Castillas, con muchos municipios pequeños. “Que nadie piense --explicaron en Valladolid-- que vamos a ir con una máquina a desmontarlos. Lo que planteamos es fusionar servicios municipales para que los ayuntamientos trabajen de la mano, puedan dar servicios y pagar a los proveedores, como se ha hecho en Francia, Holanda o Dinamarca”.

Apoyo vago de Podemos

Ciudadanos sólo cuenta con el apoyo vago de Podemos para su diagnóstico. Coinciden en que la opacidad y la ausencia de fiscalización democrática han convertido a estas instituciones en refugio idóneo para la corrupción, red de colocación de amigos y familiares, y pesebre notable para los partidos para colocar a su personal afecto. A pesar de que al acabar 2014 su deuda viva se situaba en 6.308 millones.

La formación que lidera Pablo Iglesias habla de un “modelo territorial” con cinco ejes que incluye vaguedades del tipo “construcción de una nueva gobernanza democrática e inclusiva”. Sobre las diputaciones cree que ahora es necesaria una “coordinación autonómica de sus actuales funciones” y sólo contempla su supresión a largo plazo. Ciudadanos, sin duda, lo va a tener muy complicado.