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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la reunión con los sindicatos de funcionarios celebrada en julio / EFE

Ciudadanos quiere echar a los funcionarios contra Pedro Sánchez

Tras la polémica sobre la tesis doctoral, la formación naranja se guarda un as en la manga: la prometida subida del sueldo de los empleados públicos que la ralentización del PIB amenaza

17.09.2018 00:00 h.
5 min

Ciudadanos guarda en la manga un as en su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. De momento, la formación naranja quiere exprimir la tormenta política que han generado las supuestas irregularidades de la tesis doctoral del presidente español, a pesar de que su líder, Albert Rivera, ha resultado salpicado, pues también se ha cuestionado su currículo académico. Pero Cs tiene más munición: las dificultades para cumplir con la subida salarial de los funcionarios, un colectivo que agrupa en España a más de 511.700 personas.

En marzo de 2018, los representantes sindicales suscribieron un acuerdo con el anterior Gobierno del PP que contemplaba una subida salarial del 6,9% entre 2018 y 2020, repartida de la siguiente manera: 1,95% en 2018, 2,50% en 2019 y 2,30% en 2020. El pacto acuerdo también preveía un alza adicional del 0,55% en 2020 si se cumplen los objetivos de déficit público ese año, por lo que el total de incremento para esos tres años se situaría en un 8,79%.

Las promesas de Batet

Sin embargo, la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2019 se retrasan, lo que deja en el aire esos compromisos. En julio, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se comprometió tras su primera reunión con los sindicatos, a que las subidas salariales se aplicarían “de forma inmediata”. Pero los funcionarios han comenzado a ponerse nerviosos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha enviado una carta a Batet en la que insta al Gobierno a aplicar la subida salarial prevista para 2019 desde el 1 de enero y que, si es necesario, lo haga mediante Decreto Ley “con lo que se garantiza que, si se diera la circunstancia de prórroga presupuestaria o retraso en la aprobación de los presupuestos, los empleados públicos reciban sus retribuciones actualizadas, evitando además los retrasos de los últimos años”.

Sin embargo, fuentes de la Intervención del Estado –organismo que se encarga de ejecutar los presupuestos y calcular el déficit público— aseguran a Crónica Global que con las previsiones del PIB y las previsiones de la ley va a resultar muy difícil cumplir con esos compromisos. Máxime cuando la UE sigue marcando objetivos de reducción del déficit.

Lo que dice la LPGE

El artículo 18 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 establece que “en 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.

Además “si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial”. En lo que a incremento del PIB se refiere "se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)".

Las previsiones del INE

El pasado jueves, el INE rebajó el dato del PIB de la economía española en 2017, situándolo finalmente en el 3%, una décima menos respecto al dato adelantado el pasado 1 de marzo (3,1%). Por su parte, BBVA Research, servicio de estudios de la entidad bancaria, sitúa el crecimiento de la economía española en un 0,6% durante el tercer trimestre de 2018. Asimismo, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) rebaja dos décimas, hasta el 2,6%, su previsión de crecimiento  la sitúa en el 2,2% en 2019. Y Analistas Financieros Internacionales (AFI) apuntan a que el PIB crecerá este año un 2,6% y se desacelerará hasta el 2,3% en 2019.

Ante esta situación, Ciudadanos quiere marcar perfil y arrogarse el papel de garante del control del gasto público y de la racionalización de las administraciones públicas, su caballo de batalla electoral. Evitar unos presupuestos expansivos --Ciudadanos pactó con el PP las cuentas de 2018-- será una de las consignas de esta formación en los próximos días.