Madrid. La situación provocada por la pandemia del Covid es grave, y el enfrentamiento con el Gobierno deja al gobierno autonómico contra las cuerdas. Pero es todo el modelo económico-social el que se cuestiona, más allá de la coyuntura que marca la crisis del virus. La ‘ciudad-estado’ de Madrid se ha convertido en el centro de los ataques autonómicos por la competencia fiscal que ejerce, el llamado dumping fiscal y por la concentración de agencias estatales y de inversiones del Estado que ha llevado a la comunidad a ser la primera generadora de riqueza en España, pero también a absorber recursos humanos y talento de otras comunidades.
Las críticas ya no llegan sólo de Cataluña, donde el proceso independentista ha ido perdiendo vigor y el problema ahora son las broncas internas en el Govern del presidente Quim Torra. Los reproches arrecian desde Aragón, con su presidente Javier Lambán, y desde la Comunidad Valenciana, con su presidente Ximo Puig al frente, y de economistas de otras autonomías. El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València, Ernest Reig, ha dirigido, junto con Francisco Pérez García, catedrático emérito de la UV, en el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) un amplio estudio sobre los efectos económicos de las políticas aplicadas en la comunidad: Madrid: capitalidad, economía de conocimiento y competencia fiscal.
Madrid o Cataluña
Y una de las ideas centrales es que “el crecimiento de Madrid, por muchos factores, está dejando atrás al resto de autonomías, con prácticas como la competencia fiscal, aunque también por su capacidad de atracción por su oferta educativa y profesional”, según señala Reig a Crónica Global, que llega a la conclusión de que Madrid actúa como una 'ciudad-estado', que vive al margen del resto de territorios del Estado.
¿Ha utilizado de forma perversa Madrid su capacidad fiscal, en detrimento del resto? Esa es la impresión de los dirigentes políticos de Cataluña desde hace años y ahora también de Valencia, muy perjudicada por el sistema de financiación autonómico. El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich, señala una cuestión previa: “Puede ser que se haya extralimitado esa capacidad, pero también hay que tener en cuenta cómo comunidades como Cataluña han subido impuestos, han ido aumentando las distancias, con el impuesto de Sucesiones y Donaciones por ejemplo, en paralelo al de Patrimonio. Lo que no puede ser es que produzca una crítica generalizada a Madrid cuando en Cataluña llevas a cabo una política que es claramente contraproducente”.
Gráfico elaborado por el IVIE sobre el efecto capitalidad
El círculo virtuoso del PP
Los asesores fiscales han comprobado los efectos de esas diferencias y señalan que los movimientos de residencia son continuos, alentados por anuncios, como el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de reducir medio punto la tributación del IRPF, que ya es la más baja de España. En una encuesta realizada a 5.000 economistas, elaborada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), para el Consejo de Economistas (REAF), hasta el 87,4% de los encuestados señaló que “las diferencias en la normativa de los impuestos que se pagan en cada comunidad provocan cambios, reales o ficticios, en la residencia fiscal de las personas”. Pero, además, se afirma que también existe una aplicación distinta en la aplicación de la normativa fiscal, por lo que la lucha contra el fraude no es igual en todas las autonomías.
Reig ha comprobado, con el amplio estudio sobre Madrid, que se suman distintas circunstancias: “Hay un efecto de capitalidad evidente, con más funcionarios que en el resto de autonomías, con agencias estatales que podrían redistribuirse, y con una captación de talento muy superior al resto. Todo ello consigue que las personas con mejores condiciones profesionales quieran trasladarse a Madrid, y, además, por esa política fiscal, pagarán menos impuestos”. Se trata de un círculo “virtuoso” para los dirigentes políticos que gobiernan la comunidad desde hace años, pero perjudicial para el reequilibro territorial en España.
Gráfico del IVIE sobre los efectos de la competencia fiscal de Madrid
Concentración administrativa y empresarial
Madrid, gracias a esas políticas que han distinguido al PP, al hacer de la comunidad su bandera porque lleva décadas al frente de su gobierno autonómico, ha captado el mayor talento de toda España, con diferencias mayúsculas. Cuenta con un 40% de población universitaria, cuando la media española roza el 30%. Y las grandes empresas españolas están radicadas en la comunidad, que generan contratos con la administración y está, a su vez, contrata con empresas del territorio.
El principal reproche del equipo de Reig, en el documento del IVIE, es que esa ventaja comparativa, de concentración empresarial y administrativa, no debería contar, además, con una constante bajada de impuestos, porque eso sí acaba siendo un dumping fiscal perjudicial para el resto.
¿Más ventajas con la fiscalidad?
“A la vista de los resultados, existen razones de fondo para reconsiderar la cesión a las comunidades autónomas de impuestos que gravan la riqueza, sin limitar la competencia por dichas bases fiscales. El efecto externo negativo sobre otras comunidades de la competencia fiscal de Madrid refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional y justificaría limitar dicha competencia, sobre todo porque se apoya en un aprovechamiento de ventajas derivadas de una interpretación del papel de la capitalidad que no es territorialmente neutral. Dado que Madrid goza de esas ventajas, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades”.
Ese intento ocurrió. La idea de limitar el margen de autonomía de cada comunidad respecto a la fiscalidad partió, curiosamente, de Cataluña. Fue el consejero de Economía, Antoni Castells, quien en 2007 lo pidió al entonces ministro Pedro Solbes. Lo que se pretendía era una “armonización” en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que no llegó nunca. El argumento de Castells, que explicitó en una entrevista en el diario Expansión, fue que se debía “combinar la armonización y la coordinación con la autonomía y la libertad”. Pero eso todavía no se ha conseguido, o no se ha querido lograr. Llegó la crisis económica de 2008 y, desde entonces, no se ha hecho nada en España en relación a las comunidades autónomas, con un sistema de financiación que ha quedado obsoleto, tras el último acuerdo que firmó, precisamente, Castells con la entonces ministra Elena Salgado, en 2009.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid / EP
Dejar de ingresar 4.100 millones
La Comunidad de Madrid, con gobiernos del PP, sigue su rumbo. Según Valentí Pich, ese es el meollo del asunto. “No sé qué hubiera pasado con un gobierno autonómico de Madrid en manos del PSOE, por ejemplo, pero el hecho de que esté en manos del PP implica que se utilice como bandera, como lo que el PP defiende, y eso supone, en estos momentos, un trato fiscal mucho mejor para empresas y particulares”.
Pero, ¿qué supone en las arcas autonómicas? Las diferentes rebajas fiscales, en el IRPF, y bonificaciones en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, que logran que prácticamente no tengan efectos, significa dejar de ingresar gasta 4.100 millones de euros, unos 636 euros por madrileño.
Polarización social
El gobierno autonómico no lo ve un problema, porque lo compensa con la enorme atracción empresarial. Hasta el 44,5% de las 1.000 mayores empresas españolas tiene su sede en la comunidad, y representan el 56% de los ingresos de este grupo. El 29% de los empleados del sector público estatal se concentra en la capital, y eso supone un porcentaje un porcentaje que dobla el peso de la población de la región en España. Y ese es el gran problema para el resto, a juicio de Reig. Si ya dispone de un “efecto capitalidad”, si ya cuenta con beneficios por su oferta educativa y profesional, que atrae a profesionales más cualificados que en el resto de autonomías, la competencia fiscal “remacha” esas diferencias y comienza a dejar en fuera de juego al resto.
Para Jordi Alberich, que dirige el instituto de pensamiento de Foment del Treball, hay una cuestión más y es que esas políticas son “socialmente perjudiciales para la propia comunidad, porque polariza la sociedad, y deja en un rincón a los que disponen de menos rentas, porque las deja sin servicios, al concentrarse el gobierno autonómico en los que sí pueden seguir el ritmo económico”.
Eso se ha visto ahora en las dificultades de la atención primaria en Madrid, que ha quedado desbordada por la crisis del Covid, por los menores recursos destinados en los últimos años. Es el modelo de Madrid, cuestionado por otras autonomías, que han comenzado a esgrimir sus propios argumentos.
