CiU da marcha atrás con el consorcio sanitario de Lérida

Pese a su inicial insistencia en hacer caso omiso tanto a las quejas recibidas desde el territorio como al propio Parlamento autonómico, CiU se ha visto obligada a recular, y ha votado este jueves en la Cámara a favor de paralizar el muy polémico proyecto del Ejecutivo autonómico de crear un nuevo consorcio sanitario en Lérida.

El pleno del Parlamento autonómico ha aprobado este jueves una moción que insta a la Generalidad a detener el proyecto del consorcio sanitario de Lérida "mientras no haya un consenso en el territorio que lo avale". Además, insta igualmente al Ejecutivo autonómico a entregar a la Cámara un informe con las alegaciones que ha recibido el proyecto, desde que se puso en información pública.

Esta es la tercera moción que aprueba el Parlamento autonómico en menos de un mes y medio que insta a paralizar el proyecto. La diferencia es que ahora CiU también ha votado a favor, lo que indica que, a diferencia de las otras ocasiones -puso en exposición pública el proyecto tras la primera votación, ignorando a la Cámara-, la Generalidad si detendrá esta vez la puesta en marcha del consorcio sanitario.

Concesión a CiU

Otro matiz, que aparece como la concesión a CiU para que salve mínimamente la cara, es que ahora no se pide la paralización definitiva del proyecto, sino solo su detención hasta que haya un eventual "consenso".

La votación se ha aprobado con los votos de CiU, ERC, PSC y PP, la abstención de ICV-EUiA y el voto en contra de C's y la CUP. Estas tres últimas formaciones también rechazan el consorcio sanitario -votaron en contra en las dos ocasiones anteriores-, pero rechazan las concesiones a CiU de la moción de hoy.

El controvertido proyecto contemplaba crear un nuevo consorcio sanitario en Lérida que integre a las dos empresas públicas de la Generalidad que ahora prestan servicio sanitario en la provincia, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Gestión de Servicios Sanitarios (GSS).

Las razones de los críticos

La oposición al proyecto se basa fundamentalmente en tres cuestiones. Por una parte, se critica que la Generalidad pretenda crear un nuevo ente, y se considera que sería más efectivo, en terminos de racionalidad administrativa, que GSS se integrara simplemente en el ICS.

Por otra parte, y relacionado con el punto anterior, los críticos al proyecto sospechan que se trata de la avanzadilla de una operación para fraccionar el ICS -la mayor empresa pública de Cataluña- en hasta una veintena de consorcios, como paso previo a una privatización encubierta.

Finalmente, los críticos han estado alertando de un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Como, de hecho, deja claro el propio proyecto, que, aunque garantiza mantener las condiciones actuales de la plantilla, también especifica que las "nuevas contrataciones", y las "coberturas de vacantes" del nuevo ente se realizarán con personal laboral. Lo que, a la larga, puede implicar la sustitución del actual personal funcionario y estatutario.