Cita a ciegas con el referéndum

Sin exposición pública del censo electoral, sin tarjeta censal, sin voto por correo, sin voto desde el extranjero, sin cabinas para garantizar el secreto del voto y sin mesas imparciales. Eso sí, urnas y papeletas fabricadas de forma clandestina. El referéndum convocado por el Gobierno catalán se parece más a una cita a ciegas que a una votación con garantías legales. Y el decreto de normas complementarias que acompaña a la convocaría del 1-O arroja más incógnitas que certezas. Pese a ello, la Fiscalía ha encargado ya investigar la logística del referéndum.

Tras la jornada maratoniana vivida ayer por los diputados del Parlament, que se saldó con la aprobación de la ley del referéndum y la firma del decreto de convocatoria del 1-O, el Govern ha activado los preparativos, informando por carta a los alcaldes de que los locales que habitualmente se utilizan como centros de votación acogerán la votación independentista. Ha arrancado ya el goteo de ediles independentistas que se han comprometido a dar apoyo al referéndum, pero también la movilización de funcionarios, Mossos d’Esquadra y jueces que expresan su inquietud ante esa cita.

Decreto impreciso

El decreto complementario sobre la convocatoria del referéndum se muestra muy impreciso en aspectos como el censo, que será elaborado por una sindicatura electoral elegida por JxS y la CUP, integrada por cinco personas que, a diferencia de los miembros de la junta electoral, no son jueces. Este censo se publicará diez días antes de la votación, indica esa norma.

Papeleta

Una activista con una recreación de la papeleta del referéndum

Contempla el inicio de una campaña electoral institucional, que comenzó en TV3 antes de que se aprobara la ley y el decreto de convocatoria del 1-O. Alude a unas “urnas resistentes” y un modelo de papeleta cuyo grafismo se conoce, pero en ambos casos, se está fabricando de forma clandestina. Y se encomienda a personal voluntario para organizar la votación.

Federalistes d’Esquerres ha advertido de que la votación del 1-O no puede considerarse un referéndum porque no hay un período amplio de tiempo entre la convocatoria y su realización, y no hay neutralidad por parte de los gobernantes --“deberían renuncian a sus cargos públicos”, asegura esta asociación-- ni de los medios públicos catalanes. Tampoco hay una junta electoral propiamente dicha y no se ha advertido de las consecuencias de la medida aprobada.