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Los diputados de la CUP, impulsores de una moción contra las privatizaciones de servicios, en el Parlament / EFE

Cisma en JxCAT y ERC sobre la privatización de servicios públicos

Los socios de Govern han votado diferente y han dado libertad a sus diputados en una moción de la CUP a favor de la gestión directa en educación, sanidad y suministros básicos

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Una moción de la CUP contraria a la externalización de servicios públicos, ha provocado hoy la división de Junts per Catalunya y ERC. Y no solo eso. También ha causado fractura dentro de esos partidos independentistas. Este cisma tiene lugar en vísperas de la llamada “ley Aragonès” (ley de contratos de servicios a las personas), muy contestada por los antisistema, los Comuns y numerosas plataformas sociales, que temen el blindaje de las privatizaciones.

Los cupaires habían presentado una moción en el Pleno del Parlament sobre la gestión de los servicios públicos cuyos puntos han sido votados por separado. La creación de una Comisión de Estudio sobre el Fortalecimiento del Sector Público ha sido aprobada con los votos de Junts, ERC, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem y CUP, mientras que el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

La división se ha visualizado a la hora de votar la propuesta de instar al Govern a recuperar la gestión directa de los servicios públicos, en especial los relacionados con al educación, la sanidad, los servicios sociales y los suministros básicos. Este punto, que ha sido rechazado, ha contado con los votos a favor de ERC, Comuns, CUP y un diputado de JxCAT, mientras que en contra han votado Cs, JxCAT, PSC, PP y dos diputados de ERC (de Demòcrates). Cinco diputados de JxCAT se han abstenido (el consejero de Interior, Miquel Buch y otros cuatro diputados). 

Manifestación contra la 'ley Aragonès' en las calles de Barcelona / EUROPA PRESS
Manifestación contra la 'ley Aragonès' en las calles de Barcelona / EUROPA PRESS

No obstante, JXcAT, ERC, Cs y PP han defendido la citada “ley Aragonès” frente a la CUP y CatECP, que han pedido su retirada. PSC se ha abstenido. Los anticapitalistas pretendían sustituir esa norma con una iniciativa que regule de forma integral los servicios a las personas, blinde la no externalización de los servicios públicos y establezca la contratación pública con una fórmula residual de gestión de servicios.