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Una turista fotografía la Casa Batlló de Barcelona / EUROPA PRESS

Las cinco nuevas afrentas de Barcelona al turismo

El ayuntamiento ha subido los impuestos al sector, da la espalda a la ampliación de El Prat, diseña una nueva moratoria hotelera y prohíbe el 'homesharing'

8 min

Nuevo mandato, viejas obsesiones. El gobierno municipal de Barcelona, que pilota la alcaldesa Ada Colau, ha abierto cinco nuevos frentes con el turismo pese a las fuertes críticas que encajó el consistorio en la legislatura anterior por promover la turismofobia en la Ciudad Condal.

El bipartito sociocomún, pero sobre todo BComú, partido mayoritario en el gobierno local, ha iniciado un ramillete de políticas que atan en corto al sector turístico, una industria que aporta cerca de un 14% el producto interior bruto (PIB) de la capital catalana. Las nuevas actuaciones antiturísticas del gobierno local de Ada Colau se dividen en cinco grandes bloques.

1. Contra la inversión hotelera

El último envite del gabinete de Colau en Barcelona contra el turismo son las restricciones a la inversión hotelera. El gobierno local aprobó por partida doble una moratoria hotelera en la Ciudad Condal (2015) y un plan urbanístico, el Peuat (2017), que impedían las nuevas aperturas en gran parte de la zona central de la capital catalana.

El Peuat fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con duros argumentos: carecía de una memoria de impacto económico. El Tribunal Supremo le dio la puntilla en febrero de este año. Un recurso al TSJC también fue desestimado, enterrando el plan. Pese a los revolcones judiciales, el gobierno municipal inició la redacción de otro plan muy similar que se encuentra en tramitación.

Por el camino, no obstante, Barcelona perdió cadenas hoteleras tan importantes como Four Seasons o Hyatt, que querían abrir en las torres Deutsche Bank y Glòries, respectivamente. Estudios recientes indican que estos hoteles –Four Seasons sí ha abierto en Madrid— atraen a turistas de alto nivel cuyo gasto es mayor que el de los visitantes convencionales.

2. Contra el ‘homesharing’ o compartir vivienda

Además de los hoteles, el consistorio ha cerrado el paso al homesharing o la actividad de compartir vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona dio señales el pasado mandato de avalar un modelo que ayuda a miles de familias, pero esta legislatura ha boicoteado la actividad. Levantó una moratoria de licencias al alquiler de habitaciones en agosto de 2020.

Contestó así el consistorio a un reglamento de la Generalitat de Cataluña que regulaba el alquiler de parte de las viviendas a turistas emitido también en agosto de 2020. En enero de este año, la Administración local redobló su apuesta y anunció que la revisión del Peuat en tramitación –plan que tumbaron los tribunales— incluirá la prohibición de compartir vivienda: no se podrán alquilar habitaciones por menos de 31 días.  

Con ello, el gobierno local ignora los miles de vecinos que complementan sus ingresos con esta práctica y orilla, de nuevo, el impacto económico de la actividad. De hecho, solo una de las plataformas que intermedian este sector, Airbnb, sostiene unos 9.500 empleos en la Ciudad Condal, como reveló un estudio reciente de Oxford Economics.

3. Contra la ampliación de El Prat

También recientemente se ha enredado la posición del gobierno municipal con el proyecto de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que redundará en la creación de unos 500.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en Barcelona y su conurbación. En comisión municipal en mayo, el gobierno local negó su apoyo a la propuesta de Aena, gestor aeroportuario.

Antes de ello, BComú, partido de Ada Colau, había avisado de que no aceptará el uso de los fondos europeos Next Generation para costear parte de una obra que piden todas las patronales catalanas, amén de la Cámara de Comercio de Barcelona y el RACC, entre otros miles de entidades.

El no del partido de Colau llega antes incluso de la que la Generalitat de Cataluña estudie la propuesta y la modele en una mesa de negociación abierta en la que, también, participará el ayuntamiento. Llegará el consistorio dividido a la negociación, pues el PSC, socio minoritario de Colau, sí apoya esta inversión de cerca de 1.700 millones de euros.

4. Más impuestos al turismo

El Ayuntamiento de Barcelona ha subido impuestos al turismo con los alojamientos vacacionales a medio gas, cuando no directamente cerrados por los últimos coletazos de la pandemia del coronavirus. El gobierno local pactó con la Generalitat un aumento de la tasa turística, pero la Administración autonómica retrasó la entrada en vigor del recargo a octubre habida cuenta de la atonía turística.

Por el contrario, el ayuntamiento ha comenzado a recaudar su extra al impuesto desde el 1 de junio, en un contexto con apenas un 30% de hoteles abiertos en la urbe. El Gremio de Hoteles de Barcelona pidió retrasar el cargo adicional del gravamen, pero el bipartito lo rechazó por cuestiones técnicas.

El cargo extra a las estancias turísticas en la ciudad es de poca cantidad, apenas 75 céntimos, pero significa aumentar la presión fiscal al turismo cuando la industria no se ha recuperado de la crisis económica aparejada a la pandemia y grandes hoteles ya han comenzado a presentar recortes laborales o han pedido tutela judicial por falta de ingresos.

5. Contra la promoción turística

En la estrategia de BComú de poner coto al turismo, o gobernarlo, como arguyen los comunes, el partido de la alcaldesa Ada Colau lleva dos mandatos tratando de tutelar y controlar el consorcio de promoción turística Barcelona Turisme, una plataforma público-privada de éxito que ha vendido la ciudad en España y allende las fronteras durante casi 30 años. Los cumplirá en 2023.

La pasada legislatura, el gobierno local colocó un fiscalizador municipal en el consorcio. Este mandato ha anunciado que tutelará al ente que pilota Marian Muro, una profesional reconocida por el sector, aprobando una reforma de los estatutos.

Mientras, el organismo continúa con su labor y ya ha presentado la ciudad pospandemia en Rusia –la primera misión comercial tras la enfermedad— y acaba de dar cuenta de una acción dirigida a Andalucía. Antes y durante la fase más complicada del coronavirus, Turisme trabajó para captar al turista nacional y a los trabajadores internacionales en remoto, apuntando a los pocos nichos posibles con las restricciones antipandémicas.