Central térmica de Cercs (Barcelona) / CG

Central térmica de Cercs (Barcelona) / CG

Política

Polémica en el Ayuntamiento de Cercs por la retirada de residuos de la central térmica

La alcaldía advierte a Infreemu, la empresa propietaria de la planta, que debe paralizar sus actividades, pero a la vez justifica la extracción de desechos

13 octubre, 2020 00:00

La retirada de residuos de la central térmica de Cercs (Barcelona) sigue adelante pese a la paralización de las obras ordenada en agosto por la Consejería de Territorio. Como se puede comprobar en el vídeo al que ha tenido acceso Crónica Global, los promotores del fallido proyecto de reconversión operan a plena luz del día extrayendo fibrocemento y otros materiales contaminantes.

Pese a que corresponde a la alcaldía poner coto a estas actividades, el consistorio justifica su inacción amparándose en motivos de "seguridad" y del "coste" para los propietarios del alquiler de maquinaria. Pero estas explicaciones no convencen ni a la oposición ni a las plataformas ecologistas. Durante el último pleno, un concejal reclamó al alcalde, Jesús Calderer, que frenase la retirada de desechos en la antigua planta de carbón. La respuesta de Calderer no pudo ser más gráfica: "Si no estáis conformes, denunciadlo".

Urbanismo tumba la incineradora

La remodelación de la extinta central térmica fue tumbada en agosto tras un dictamen en contra de la comisión territorial de urbanismo de la Cataluña Central. La impulsora del proyecto, la empresa EM Spain Waste & Treatment, pretendía convertir la instalación en una macroincineradora que operase a nivel europeo. La decisión fue acogida con entusiasmo por los grupos ambientalistas, que exigen a la Consejería de Territorio una moratoria definitiva para impedir cualquier reindustrialización de la zona.

Aunque esta resolución obliga a restituir todas las alteraciones ocasionadas en el edificio, e incluso a multar a los operadores que siguieran interviniendo en ella, el ayuntamiento se lava las manos frente a las actuaciones de la compañía. En septiembre, el secretario municipal advirtió por escrito a Lluís Basiana Obradors, administrador único de EM Spain, que ratificaba la suspensión de obras y desestimaba todas las alegaciones de la parte empresarial.

Protesta contra la incineradora de Cercs que causa retenciones kilométricas / TWITTER

Protesta contra la incineradora de Cercs que causa retenciones kilométricas / TWITTER

Denuncia ante el Seprona

Esta situación ha motivado una denuncia ante el Seprona, la unidad de la Guardia Civil encargada de la protección de la naturaleza. El escrito critica la intención de la propiedad de seguir retirando residuos "a partir del día 16 de septiembre de 2020 y [...] entre ocho y 12 semanas", sin atender el requerimiento del consistorio sobre la suspensión de las obras.

El denunciante no solo destaca la actitud unilateral de Basiana, sino también la pasividad del municipio dirigido por Calderer. "Me pregunto por qué [la alcaldía] no se personó en las obras con el fedatario público y levantó acta de la visita", subraya el texto. "También llama poderosamente la atención que esta alcaldía se preocupe de los gastos que les ocasiona la paralización de las obras a la empresa, cuando esta paralización es porque esta no cumple con el proyecto presentado", añade. El ayuntamiento no ha querido hacer comentarios a este medio.

¿Quién es Lluís Basiana?

El proyecto de la incineradora acumula indicios de opacidad desde que fue registrado por la promotora de Basiana en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat a finales de 2019, tal y como denuncian sus contrarios. Para empezar, la compra de la finca donde se encuentra la central térmica no fue realizada por EM Spain Waste & Treatment, sino por otra sociedad sita en Almería, Infreemu SL, de la cual Basiana es apoderado. En mayo de 2018, Infreemu adquirió de Viesgo Generación el terreno por 100.000 euros.

No fue hasta diciembre de 2019 cuando Infreemu traspasó el activo a EM Spain, operación que solo requirió el beneplácito de Basiana al reunir en su persona la gestión de ambas sociedades. Pero, ¿quién es Basiana? Este empresario del Bages, dueño de la firma de comunicación Disseny i Sostenibilitat, estuvo salpicado en 2018 por el caso Estela, un caso de corrupción vinculado con el cobro de subvenciones de la Diputación de Barcelona que aún está en instrucción. 

Registro de la Policía Nacional en la Diputación de Barcelona durante la 'operación Estela' / EP

Registro de la Policía Nacional en la Diputación de Barcelona durante la 'operación Estela' / EP

La UDEF registró la sede de su compañía, ubicada en Manresa, en el marco de una investigación por el presunto desvío de fondos empleados para la cooperación internacional en Hispanoamérica, Bosnia y Marruecos. Según el sumario judicial --el proceso aún está pendiente de sentencia--, bajo la presidencia del convergente Salvador Esteve, la Diputación entregó ayudas a entidades vinculadas con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Las pesquisas apuntan a que estas concesiones jamás se usaron para mejorar las condiciones de países en vías de desarrollo, sino que engrosaron las arcas de los distintos receptores.

La justificación de Infreemu

La situación se enmaraña aún más porque la persona que siempre ha tramitado expedientes ante el ayuntamiento es Josep Maria Masoni Torra, un presunto testaferro que no consta en el registro mercantil como representante ni de Infreemu ni de EM Spain Waster & Treatment. Precisamente es Masoni y no Basiana quien comunicó el 15 de septiembre su voluntad de hacer caso omiso a la paralización de las obras.

Masoni se basaba en que el gobierno local "no es competente en materia de residuos de origen industrial" y que la operativa programada no debía confundirse con las obras vetadas. "Mi representada pone en conocimiento de este ayuntamiento el necesario desmontaje del depósito donde se almacenan las cenizas ya que representa un peligro para los operarios de la central eléctrica [se refiere a una subestación de Endesa que sigue activa junto a la termoeléctrica]", sentencia.