La censura del Parlamento catalán al Rey, camino del Tribunal Constitucional

El Gobierno busca fórmulas jurídicas para recurrir la resolución en la que se reprueba a Felipe VI y se cuestiona la monarquía

Los reyes Felipe VI y Letizia, saludan a la vicepresidenta Carmen Calvo durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional del 12 de Octubre, Día de la Hispanidad / EFE
12.10.2018 18:14 h.
3 min

La censura del Parlamento catalán al rey, Felipe VI, va camino del Tribunal Constitucional. El Gobierno busca fórmulas jurídicas para recurrir la resolución aprobada por la Cámara autonómica en la que se reprueba al monarca y se cuestiona la monarquía, y el recurso ante el alto tribunal es de una de las opciones que maneja el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, asumen que esta resolución tiene valor político y no jurídico. Pero llevarán el asunto hasta donde haga falta, tal y como han comentado en conversación informal con los periodistas durante la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.

La reprobación al Rey, "inaceptable"

Durante la conversación, Calvo ha aclarado que el Gobierno ha querido ser contundente en su reacción y ha deslizado que la fórmula con más opciones es el Constitucional. En la misma línea, ha explicado que la intención de normalizar la relación política con Cataluña no le hará perder de vista que nadie puede saltarse la ley. Es más, el Ejecutivo ha recurrido ya por la vía contencioso-administrativa la reapertura de las llamadas embajadas catalanas.

El Gobierno considera políticamente inaceptable la resolución del Parlament, que salió adelante el viernes con los votos de los comuns, JxCat y ERC (69 votos), la abstención de la CUP (4) y el rechazo de PP, PSC y Cs (57). En cuanto salió adelante, el Ejecutivo anunció “medidas legales”.

La propuesta de los comunes

La iniciativa en el Parlament fue presentada por Catalunya en Comú-Podem, partido que afirmó que ha sido una de las propuestas en “defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales” por “justificar” el Rey la violencia ejercida contra los votantes del referéndum del 1-O en su discurso institucional.

En la misma resolución se calificó la monarquía como “institución caduca y antidemocrática”.

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