Cataluña da luz verde a siete escuelas privadas mientras recorta las públicas

La Generalitat ha dado luz verde a siete colegios privados en apenas una semana. Lo hace en plena polémica por el cierre de centros en la comarca del Baix Llobregat y la suspensión del refuerzo de la escuela inclusiva debido a la prórroga presupuestaria. Los recortes en la enseñanza pública provocaron ayer una movilización ante la sede del Parlament, organizada por la plataforma Assemblea Groga y en la que se pidió la dimisión de la consejera catalana de Educación, Meritxell Ruiz (CDC).

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó el pasado día 9 la autorización de apertura del centro educativo infantil Pam i Pipa (Sabadell), el centro educativo Egara (Terrassa) y el centro infantil Piu Piu 1 (Abrera). Asimismo, ayer se dio luz verde a las escuelas privadas Vitae (Girona) y Acadef (Sant Feliu de Llobregat), y se actualizó la autorización de apertura concedida a los centros Jaume Balmes (L’Hospitalet de Llobregat) y Ginebró (Llinars del Vallès).

Conciertos

Fuentes del departamento de Enseñanza explicaron a Crónica Global que la aprobación en bloque de estas licencias “entra dentro de la normalidad” y que los conciertos educativos a los que puedan tener derecho estos colegios se decidirán en agosto, en función del número de matriculaciones.

PSC y CSQP no lo ven así y acusan a la Generalitat de fomentar la escuela privada, vía subvenciones, en detrimento de la pública. Se da la circunstancia de que tres de estos nuevos colegios privados están situados el Baix Llobregat, donde, hace varias semanas, alcaldes de esta comarca protagonizaron una protesta por el cierre de 14 líneas de P3.

Pérdida de 211 millones

El aval a esos nuevos centros privados coincide con el anuncio efectuado por la consejería de que no podrá llevar a cabo proyectos importantes, como el desarrollo del decreto sobre la escuela inclusiva y centros de máxima complejidad, debido a la imposibilidad de aprobar los nuevos presupuestos de la Generalitat por el veto de la CUP.

Según este departamento “no hay recortes, sino la imposibilidad de contar con el incremento de 211 millones de euros que se había previsto”, aunque precisan que las becas comedor y la incorporación de 790 nuevos profesores no se verán afectadas.

La portavoz de educación del PSC en el Parlament, Esther Niubó, ha instado al Govern a “dejar de buscar culpables” y a rectificar “su decisión de suspender las partidas destinadas a luchar contra las desigualdades educativas. Exigimos que no se abandone a los profesionales de la educación ni al conjunto de la comunidad educativa, y se priorice la educación pública y la lucha contra las desigualdades en la escuela”.