El 'caso Consell Esportiu', sin rédito electoral para ERC y comunes

Un denunciante próximo a ERC y una acusación popular ejercida por los comunes. La investigación de las supuestas irregularidades en el Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) apenas ha tenido rédito electoral para la oposición municipal. A pesar de la imputación de la alcaldesa Núria Marín y de la dimisión del principal investigado, el exteniente de alcalde Cristian Alcázar, el PSC vuelve a ser imbatible en la encuesta elaborada por Electomanía para Crónica Global sobre la intención de votos de cara a las elecciones municipales de 2023.

En ese panel electoral, los republicanos quedarían en una segunda posición, muy alejados de los socialistas y con un leve aumento en el porcentaje de votos, un 0,69%, mientras que los comunes optarían a un tercer puesto con una subida del 1,31%. Ambas formaciones se han mostrado muy críticas con la gestión socialista en L’Hospitalet de Llobregat tras las imputaciones de los dos principales cargos del PSC en el municipio. El caso arrancó con la denuncia que Jaume Graells, exteniente de alcalde de esta ciudad barcelonesa, presentó ante la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y desencadenó en la detención del exprimer secretario de la agrupación local del PSC, Cristian Alcázar, y de Cristóbal Plaza, que dimitió como concejal de Deportes. Una junta de gestora pilota actualmente la organización del PSC en ese municipio.

Conocidas son las relaciones entre Graells y Ernest Maragall, líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, así como su presencia en varios mítines de los republicanos.

Los comunes ejercen la acusación popular

Por su parte, los comunes ejercen la acusación popular en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de L’Hospitalet, donde la Fiscalía presentó la semana pasada un escrito en el que solicita el archivo de la investigación para la alcaldesa al entender que “no hay un solo dato que permita deducir” que Marín actuó de manera ilegal en la gestión de las subvenciones del Consell Esportiu.

La posición del Ministerio Público supone un balón de oxígeno para la dirigente socialista, que además preside la Diputación de Barcelona con apoyo de Junts per Catalunya (JxCat). Una suerte de sociovergencia que, para algunos, marcará tendencia en el futuro. La juez tiene la última palabra, pero todo apunta a que el PSC llegará a la campaña de las municipales con las incógnitas despejadas sobre su principal bastión metropolitano.

Durante este proceso, Marín ha aguantado bien la presión mediática y política, sumándose a una serie de alcaldes que superan las siglas de su partido.