De Banca Catalana al juicio del 9N: cuando el nacionalismo sí presiona a los tribunales

El 'president' Quim Torra y el diputado de ERC Gabriel Rufián aprovechan la revisión de la sentencia de las hipotecas para cargar contra la injerencia del poder político en la justicia

Artur Mas, llegando al TSJC para declarar por haber organizado la consulta del 9N prohibida por el Constitucional
08.11.2018 00:00 h.
8 min

La modificación del pleno del Tribunal Supremo a la sentencia en firme sobre quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la hipoteca de una vivienda se ha utilizado por parte del nacionalismo para criticar la separación de poderes en España y reivindicar su causa.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido este miércoles la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por el "escándalo absoluto" que, a su juicio, supone la rectificación en relación con el impuesto vinculado a las hipotecas. Por su parte, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, afirmaba en las redes sociales que “un país en el que la banca está por encima de la ley” es un país del que “solo cabe autodeterminarse”.

El volantazo a una sentencia en firme por parte del máximo órgano judicial español es inaudito en la joven democracia española y sienta un precedente muy peligroso que ha minado la reputación de las instituciones, pero en ningún caso se trata del primer caso en el que se intenta ejercer presión sobre los tribunales para conseguir réditos políticos.

Banca Catalana

El nacionalismo catalán ha intentado presionar en reiteradas ocasiones al poder judicial cuando alguno de sus máximos mandatarios han sido investigados. El caso más sonado de todos fue el de Banca Catalana, en 1982. El entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, fue imputado en calidad de ex consejero de la entidad bancaria, pero Pujol apeló a su condición de president para denunciar que se trataba de un “juicio político” y “contra Cataluña”.

Pujol

Jordi Pujol y Marta Ferrusola en el Parlament durante el discurso de "ética y moral"

El también fundador de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) salió al balcón del Parlament aclamado por la multitud para pronunciar uno de sus discursos más célebres y en el que politizaba el caso judicial a favor de sus intereses: “Sí, somos una nación, somos un pueblo, y con un pueblo no se juega. En adelante, de ética y moral hablaremos nosotros”.

La querella fue finalmente archivada. Son muchos los que han señalado al presidente del Gobierno Felipe González como uno de los principales responsables de que Pujol resultara exculpado. Asimismo, la Audiencia de Barcelona rechazó el recurso de súplica de los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo. Este último ha reivindicado en los últimos tiempos su actuación contra Banca Catalana, denunciando que el Estado tuvo que asumir los 20.000 millones de pesetas del agujero que dejó la entidad cofundada por Jordi Pujol, su padre Florenci Pujol y el abogado Francesc Cabana.

Artur Mas, ante el TSJC

Otro episodio en el que la multitud se ha congregado para apoyar sus líderes políticos frente a los tribunales fue cuando el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, fueron citados a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

La Fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Ana María Magaldí, llegó a presentar una denuncia en noviembre de 2017 por allanamiento y sabotaje de su segunda vivienda, en los Pirineos. Asimismo, durante la instrucción del caso denunció ser víctima del acoso independentista.

Ana Magaldi, la fiscal jefe de Barcelona, en una imagen de archivo / EFE

Ana María Magaldí, Fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona

El tribunal, en esta ocasión, falló contra los intereses de los dirigentes nacionalistas y dictaminó que la celebración del 9N constituía un delito de desobediencia y inhabilitó para un cargo público durante dos años a Artur Mas, durante un año y nueve meses a la vicepresidente Joana Ortega y a un año y seis meses a la exconsejera de Educación Irene Rigau.

Jueces que se van de Cataluña

El instructor del caso en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre, Pablo Llarena, también ha sufrido episodios de escarnio público, cuando tuvo que abandonar un restaurante en Girona debido a los gritos de un grupo de independentistas. Asimismo, Arran, las juventudes de la CUP, realizó una pintada intimidatoria ante la que creían que era su vivienda en La Cerdanya. “Fascista. Los Países Catalanes serán tu infierno”, se podía leer.

Otra criticada actuación de los llamados Comités en Defensa de la República (CDR) fue buscar las direcciones personales de los jueces para organizarles escraches en sus domicilios.

Los CDR buscan las direcciones personales de los jueces para hacer ataques como el de la casa del juez Llarena

Pintada de Arran contra el juez Llarena

Desde el inicio del llamado procés independentista el número de magistrados que se ha ido de Cataluña ha ido en aumento. De acuerdo con los datos más recientes de las asociaciones de jueces, desde septiembre de 2016 a la actualidad se han ido 67 magistrados. En la misma línea, en el concurso de magistrados que se publicó el 20 de junio de este año se ofertaron 17 plazas más tres de nueva creación por el Consejo General del Poder Judicial y siete de ellas quedaron desiertas. El órgano judicial está estudiando de pagar un complemento salarial a los jueces dispuestos a trasladarse en la región, según publicó La Razón.

El poder de la banca

El caso de las hipotecas en el Supremo ha representado un golpe duro para la credibilidad de las instituciones. No obstante, y aunque el nacionalismo intente olvidarlo, existen otros ejemplos de cómo los altos tribunales han fallado contra la banca. Entre los más destacados se encuentra las sentencias del Tribunal Supremo declarando la nulidad de las cláusulas suelo si no hay transparencia en 2015 o la nulidad de una compra de Obligaciones Subordinadas de Bankia en 2016. También fue el Supremo en condenar por primera vez a Catalunya Banc por la venta de preferentes en 2016.

El caso Banesto, juzgado en la Audicencia Nacional, también falló contra el banquero Mario Conde y le condenó a 10 años y dos meses por los delitos de estafa y apropiación indebida, obligándole a devolver 7.200 millones de las antiguas pesetas. Por lo que respecta a casos similares más recientes, se encuentra el del fallecido exdirector de Caja Madrid, Miguel Blesa, que fue condenado por el Supremo por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black.

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