El Govern defiende el rescate a los okupas de la Casa Buenos Aires

El Departamento catalán de Territorio ha defendido aprobar de forma rápida el expediente urbanístico que premia a los okupas de la Casa Buenos Aires de Barcelona. La Consejería sostiene que tenía que dar salida a la modificación del planeamiento del palacete pese a que el conseller Damià Calvet está en funciones y a que hay una acción penal iniciada por vetar un hotel en el lugar. 

Lo ha explicado una portavoz del Departamento a preguntas de este medio. Según la representante, Territori tiene que "dar trámite a las peticiones de tramitación que le entran dentro del marco de la obligación que tiene la Administración siempre que no haya una paralización o suspensión que impida esta resolución". En el caso de la catalogación de la Casa Buenos Aires y su transformación en equipamiento, pedida por el Ayuntamiento de Barcelona, "no existe causa legal en el expediente que se tramitó que obligue a paralizarlo ni a suspender su resolución". 

Sí hay una acción penal...

Dicho y hecho. Territori aprobó el expediente de la Casa Buenos Aires en la subcomisión de Urbanismo de Barcelona del 1 de marzo. Lo hizo porque no hay causa legal en este trámite, pero ignorando dos factores. Uno, el ala política del Departamento está en funciones, igual que el resto de consejerías de la Generalitat de Cataluña. 

Y dos, no hay causa legal contra la modificación del planeamiento, pero sí una acción penal iniciada contra el Ayuntamiento de Barcelona. La interpuso la propiedad, la inmobiliaria London Private Company, al rechazar el gobierno municipal un hotel en la mansión modernista. El Ejecutivo local vetó el alojamiento de lujo y ahora cataloga el activo y lo transformará en viviendas dotacionales y "un espacio para los jóvenes del barrio". 

...y Janet Sanz está imputada

Queda sobre la mesa pues la pregunta de si Territori se guió por un principio de oportunidad a la hora de elevar el expediente de la Casa Buenos Aires de Barcelona. No en vano, la responsable política que lo defendió, Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, está imputada en la causa por, creen los querellantes, vetar su hotel en una actuación presuntamente prevaricadora. Sanz declarará este lunes. 

Hay más. Además de Sanz, el juez que instruye el caso ha citado a la gerente de Urbanismo, Laia Balagueró, que declarará en calidad de testigo. El caso se sigue por cuatro delitos: prevaricación, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos y obstrucción a la justicia, como avanzó este medio.