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El rescate de los okupas de Buenos Aires sube otros 230.000 euros

El Ayuntamiento de Barcelona expropiará el palacete allanado por 3,7 millones, sin contar el litigio, el derribo y la reforma posterior

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El rescate de la propiedad que han tomado los okupas de la Casa Buenos Aires de Barcelona se encarece otros 230.000 euros. El ayuntamiento de Barcelona prevé pagar ahora 3,73 millones de euros para expropiar la finca allanada, una cifra que no incluye la responsabilidad patrimonial a su dueño, el derribo de las zonas deterioradas ni la reforma del antiguo palacete para convertirlo en vivienda dotacional y un casal para jóvenes. 

Lo ha admitido el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica Eloi Badia durante la comisión de Urbanismo. A preguntas del PP, que ha pedido información sobre la tramitación del proyecto y su coste final, Badia ha reconocido que la Administración local ha provisionado 3,73 millones de euros para expropiar la finca a London Private Company, la inmobiliaria propietaria del inmueble. 

El proyecto, bloqueado en la Generalitat

Badia ha informado de que la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) se encuentra en estos momentos varada en la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat de Cataluña. "Cuando la convoquen de nuevo, elevaremos el punto a este comité", ha señalado el edil. 

A este respecto, el concejal ha prometido a la oposición que "informará a los grupos cuanto tenga más datos", algo que en estos momentos no ha pasado por la demora en la aprobación. Cabe recordar que el ayuntamiento sí cumplió su parte al aprobar el cambio de planeamiento de forma inicial en el pleno municipal de noviembre de 2020. En aquel momento, el bipartito avanzó que expropiar la Casa Buenos Aires costaría 3,5 millones. Ya son 3,73. 

PP ve "falta de seguridad jurídica"

Durante su réplica al electo, el concejal portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Oscar Ramírez, ha contemplado que la expropiación "es un mecanismo legal", pero ha lamentado el "menoscabo a la imagen de Barcelona" para los inversores extranjeros que provoca su uso, así como el golpe a la "seguridad jurídica". 

En el mismo sentido, Ramírez ha avisado de un posible "sobrecoste" en la compra forzosa del activo okupado y su posterior reconversión que proyecta el ayuntamiento. Por lo pronto, las cifras provisionales sí son al alza.