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El expresidente catalán, Carles Puigdemont, con su mujer en Girona el sábado antes de viajar a Bruselas / EFE

"Puigdemont podría estar en Soto del Real en diez días"

Especialistas en extradiciones advierten al expresidente catalán de que esconderse en Bélgica no le libra de un eventual proceso judicial

6 min

"Puigdemont podría estar en Soto del Real en diez días". Así de contundente se muestra el abogado penalista Javier Arias sobre la posibilidad de que el presidente de la Generalitat destituido, Carles Puigdemont, trate de zafarse de un eventual proceso judicial que emane de la querella de la Fiscalía General del Estado escondiéndose en Bruselas (Bélgica).

Según el penalista, si un magistrado de la Audiencia Nacional admite a trámite la denuncia del ministerio público y cita a Puigdemont y a los cinco exconsellers que le acompañan, Meritxell Borràs (Gobernación), Toni Comín (Salud), Joaquim Forn (Interior), Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Serret (Agricultura), se activaría una orden europea de detención.

"El juez enviaría una citación judicial a sus domicilios. Después, al comprobar que no se encuentran allí, enviaría una comitiva judicial para certificarlo. A renglón seguido emitiría una orden de búsqueda y captura. Si se le localiza en Bélgica, saldría una orden europea de detención y entrega. España se sumó a este procedimiento en 2002 por orden del Consejo de Ministros. La norma 3/2003 la elevó a rango de ley", explica el letrado.

"Corto plazo"

Tanto Arias como otros expertos consultados creen que ese procedimiento no se demoraría en demasía. "La orden recalaría en un juez belga, que, a su vez, daría la orden de arrestarlo. Tras ello, se le trasladaría en avión militar a España. Probablemente a Soto del Real. Todo podría quedar zanjado en diez días", ha agregado Arias.

Su compañero Manuel Rincón, del bufete especializado Rinber, tiene la misma opinión. "Escaparse dentro de otro Estado miembro de la Unión Europea (UE) es inútil. Las órdenes van de juez a juez y los gobiernos no intervienen: es tarea de la Europol y las policías nacionales, que actúan bajo mandato judicial", ha manifestado. 

¿Tardaría mucho? "En mi opinión, sería cuestión de días, quizá de semanas. Puigdemont se enfrenta a tipos penales con graves penas de cárcel. Órdenes europeas de arresto se han dictado y ejecutado por delitos mucho menores, como el de robo", ha recordado Rincón, socio del bufete.

"La colaboración es fluida"

Por su parte, desde el despacho Palladino Pellón & Asociados descartan que una supuesta apuesta del Gobierno belga por la mediación o la simpatía del nacionalismo flamenco con la secesión catalana pueda retrasar el proceso.

"La colaboración entre los gobiernos de los 28 es fluida. Si el expresident y su equipo quisieran haber puesto una barrera de verdad, se hubieran marchado a otro país sin convenio bilateral de extradición con España. En este caso, los ejecutivos no intervienen", ha explicado uno de los letrados.

"Incluso si el equipo legal de Puigdemont recurriera la orden, la resolución sería mucho más rápida que, por ejemplo, si se hubiera cobijado en Colombia", ha remachado la misma fuente.

En el caso de los países extracomunitarios, los acuerdos de retorno forzoso de personas están regulados por la Ley 4/1985 de extradición pasiva.

¿Y si pide asilo político?

En opinión de las fuentes consultadas, el exjefe del Ejecutivo autonómico tampoco tendría derecho a pedir asilo político en Bélgica. "No es una persona condenada por un delito político. Ni España es un país en el que el reo corra riesgo de someterse a un proceso sin garantías. Se considera un estado seguro", ha explicado Arias.

Puigdemont, además, habría cometido supuestamente delitos graves antes de una eventual petición de asilo, por lo que se vulnerarían los principios de la Convención de Ginebra de 1951, según informó ayer, lunes 30 de octubre, la Agencia Efe. 

Bélgica sólo podría conceder amparo al expresident y a su equipo si activa el protocolo número 24 del Tratado de la Unión Europea (UE). Dicho precepto establece que los firmantes se consideran estados seguros entre sí, por lo que se descarta a priori la posibilidad de negarse a extraditar a un ciudadano de otro país socio.

Activar este resorte, además, minaría las relaciones bilaterales entre Bélgica y España, al quebrar la base de confianza mutua sobre la que se sustenta el tratado.