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Francesc Esteve, alto cargo del Govern, en su declaración en el Tribunal Supremo / EFE

Un cargo del Govern deja sola a la cúpula de TV3 ante la decisión de emitir el anuncio del 1-O

El director del gabinete jurídico del Govern asegura que la cadena optó por emitir el anuncio tumbado por el Constitucional sin existir contrato previo y por órdenes de un "órgano incompetente"

13.05.2019 14:50 h.
6 min

La difusión del anuncio sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en TV3 y Catalunya Ràdio ha abierto una guerra entre los miembros de la cúpula de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por evitar responsabilizarse de la decisión de emitir la promoción tumbada por el Tribunal Constitucional. La declaración de este lunes ante el Tribunal Supremo del director del gabinete jurídico del Govern, Francesc Esteve, tampoco ha servido para despejar las dudas, sino que ha ahondado en la crisis que afecta a la corporación pública.

Esteve, investigado por el TSJC por su presunta implicación en el suministro de urnas para el 1-O, ha sostenido que la Consellería de Presidencia envió a TV3 y Catalunya Ràdio el anuncio del 1-O sin realizar "ningún contrato" ni abrir ningún expediente. En la misma línea, ha ahondado en que "el encargo consistía en un correo electrónico enviado desde una dirección genérica de la Generalitat". Es decir, sin que ningún miembro del Ejecutivo catalán se comprometiera directamente.

La Fiscalía y Abogacía del Estado han intentado en varios momentos del interrogatorio acorralar al testigo y, ante preguntas incómodas, el juez Marchena le ha recordado que podía optar por no contestar al estar investigado, pero Esteve ha preferido abordar el asunto. Ha confirmado la “ausencia absoluta de procedimiento de contratación” para la emisión del anuncio, aunque ha matizado que no generó el “enriquecimiento injusto de la Generalitat ni el empobrecimiento del resto de anunciantes”. Finalmente, ha remachado que la decisión de enviar la promoción para la votación lo realizó "un órgano manifiestamente incompetente” y por eso se ha resuelto la nulidad de la misma petición, como de los actos posteriores (facturas).  Una resolución que la CCMA podría recurrir, pero que Esteve no ve posibilidad de prosperar al no haber habido empobrecimiento de la corporación.

Devolvieron las facturas

Esteve también ha explicado que el anuncio en cuestión, que fue el que aparecían unas vías de tren, no formaba parte de la campaña Civisme --como sostiene la acusación-- y ha destacado que el 1-O no supuso gasto público para la Generalitat. "Del análisis del Gabinete jurídico, no hay ninguna disponibilidad presupuestaria sobre la cartelería, sobres o papeletas sobre el 1-O", ha agregado.

El actual director del gabinete jurídico de la Generalitat ha esgrimido que las facturas que se recibieron por los anuncio de TV3 sobre el 1-O llegaron a través de correo electrónico y no por la plataforma de facturación de la administración catalana, por lo que se elaboró un informe en el que se decía que se debían "devolver las facturas".

No advirtió al Govern

Esteve ha defendido que la función de los letrados de la Generalitat es de carácter consultivo y que en ningún caso nadie se dirigió a él para que elaborara un informe sobre la convocatoria del referéndum. Ante la insistencia de la fiscal Consuelo Madrigal que le ha exigido una respuesta de "sí o no" respecto a si avisó sobre las "responsabilidades penales" de mantener la convocatoria, se ha limitado a contestar que se hace una "nota jurídica interpretativa sobre la resolución del Tribunal Constitucional", como también se hizo con el auto del Tribunal Constitucional sobre el 1-O.

Esta nota interpretativa, sin embargo, no advertía con carácter previo del riesgo de seguir adelante su plan pese a los requerimientos juidiciales, según ha relatado: "No me compite a mi advertir con carácter previo a los miembros del Govern". No obstante, ha asegurado que el exconseller de Presidencia Jordi Turull le ordenó en todo momento "facilitar la actuación de las comitivas judiciales y atender todos los requerimientos" que vinieran de cualquier cuerpo policial, la fiscalía o de tribunales. A la pregunta de la abogada del Estado, Rosa María Seoane de si el entonces conseller le trasladó de manera escrita o verbal la petición de que se garantizara la actuación policial y judicial en el 20S ha dicho que se lo dijo "de forma verbal" por la mañana de esa jornada, cuando se vieron "en el Palacio de la Generalitat".

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