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¿Qué ha hecho el independentismo por la justicia? CDR

Piden dos años y medio de cárcel para once miembros de los CDR

La Fiscalía acusa de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia grave a los independentistas que se encadenaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

04.09.2018 19:49 h.
2 min

La Fiscal pide dos años y medio de cárcel para los once miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que el pasado 23 de febrero bloquearon los accesos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) --donde algunos llegaron hasta a encadenarse-- para exigir la libertad de los políticos presos por su implicación durante el 1-O.

El fiscal pide dos años y medio de cárcel por un delito de desórdenes públicos por la protesta, así como un año de prisión por desobediencia y resistencia a la autoridad por el supuesto enfrentamiento contra los Mossos d’Esquadra que trataban de reabrir los accesos al edificio del TSJC.

Acción planificada

El pasado 23 de febrero, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado del 23F, los CDR y otras entidades independentistas como la CUP, Arran, Alerta Solidaria y SEPC convocaron un acto para exigir la libertad de los políticos que están en prisión preventiva.

Un centenar de activistas se concentraron en las puertas del TSJC e imposibilitaron la entrada al edificio durante una hora. Además, algunos de los participantes se encadenaron a la puerta del edificio, mientras otros se plantaron en la escalinata de acceso al Alto Tribunal catalán para impedir la entrada hasta que fueron desalojados por los Mossos d'Esquadra.

Reacciones de los independentistas radicales

En un comunicado, Alerta Solidaria ha denunciado que la petición de la fiscalía ante unos hechos que considera de "legítima protesta ante la perversión a la que está llegado el sistema judicial español".

La organización ha añadido que "se persigue hasta la obsesión a la militancia independentista y se blindan de impunidad constantes muestras de violencia y de intimidación". Además, ha calificado el escrito de la fiscalía como una "política represiva del Gobierno de Madrid".

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