Menú Buscar

Una funcionaria responsabiliza a los servicios jurídicos de la suspensión de una campaña del 1-O

La exdirectora de servicios de la Consejería catalana de Presidencia descarta que las empresas se retiraran del concurso de publicidad de la consulta ilegal por "miedo"

Imagen de la sala del Tribunal Supremo donde se celebra el juicio del 1-O / EFE
14.03.2019 11:34 h.
5 min

Las responsabilidades que se dirimen en el juicio del 1-O han alcanzado a los servicios jurídicos de la Generalitat. Al menos de acuerdo al testimonio de la exdirectora de servicios de Presidencia, Teresa Prohias, quien este jueves ha sido interrogada en el Tribunal Supremo para dar cuenta de la supervisión que llevó a cabo de los expedientes aprobados en el marco del procés. Sin entrar de lleno en los encargos en cuestión y sin ofrecer excesivos detalles de la tramitación de los contratos, ha relatado cómo la asesoría jurídica recomendó la suspensión del pago de varios de ellos “amparándose en la Ley de Finanzas”, desdeñando, por tanto, la posibilidad de que los proveedores rehuyeran cobrarlos por tratarse de trabajos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

La testigo, quien ya fue condenada por el Tribunal de Cuentas a raíz de su responsabilidad contable en la gestión del 9N, ha comparecido inmediatamente después de que el exsecretario de Difusión del Govern, Antoni Molons, se haya acogido a su derecho de no declarar debido a su imputación en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, encargado de forma paralela de instruir las pesquisas relativas a la organización de la consulta. Las incógnitas generadas esta semana después de que varios testigos hayan atribuido a “un tal Toni” la realización de varios de los encargos objeto de juicio se han quedado sin resolver.   

Campañas

La fiscal Consuelo Madrigal ha sacado a relucir durante la comparecencia de Prohias las campañas del registro de catalanes en el exterior y de Civisme, que ha desvinculado de la celebración del referéndum y cuyo pago rechazaron la empresa Estudi Dadà y Kardumen-Nothingad en el caso de la primera y Carat y Focus en el caso de la segunda. 

De hecho, respecto al registro en el exterior ha precisado que no se abonó después de que llegase a su departamento una petición de información de la Fiscalía sobre este expediente y les comunicaron que se habían abierto diligencias, motivo por el que procedieron a solicitar un informe a la asesoría jurídica de la Generalitat para ver cómo había que actuar: “nos recomendó la suspensión del pago amparándose en la Ley de Finanzas”.

Tramitación de urgencia

Sobre la de Civisme, ha recordado que fue impulsada por la secretaría de Difusión y, respecto a la urgencia con la que se tramitó el expediente, ha justificado que se actuó de esta forma porque “quedaba muy poco tiempo para la aprobación de los Presupuestos” y a partir de septiembre “poco más se podía hacer”. “El ejercicio presupuestario finaliza en diciembre y los expedientes de contratación son largos de producir [ha aludido a una duración de cuatro o cinco meses y a la intervención de numerosos funcionarios en ellos], por lo que la campaña para promover los valores cívicos debía tramitarse así”. Y ante la insistencia de la fiscal sobre el hecho de que el procedimiento quedase desierto, la funcionaria ha recalcado que “las empresas a las que se les adjudicó renunciaron. Y ahí quedó”.

El interrogatorio se ha tornado más tenso cuando ha comenzado a ser inquirida por las facturas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), por importes respectivos de 93.179 euros y 184.624 euros, que difundió en sus medios de comunicación varios spots que la Fiscalía relaciona con el referéndum. “¿No sabe que la CCMA difundió la campaña?”, le ha interpelado la fiscal. “Vi que difundió unos anuncios determinados, pero no había expediente de contratación, y si no hay expediente, no hay gasto”.

¿Quiere hacer un comentario?