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El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (i), y el presidente, Pere Aragonès (c), y la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis (d), durante la cumbre por la lengua catalana / GENCAT

Cambray, denunciado ante el TSJC por "desobedecer" la sentencia del 25% de castellano

Hablamos Español y Convivencia Cívica consideran que el decreto del Govern "insta expresamente" a desacatar la orden judicial y acusa al 'conseller' de actuar contra derecho a sabiendas

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Primera denuncia contra el conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray (ERC), por presunta desobediencia y prevaricación al instar a incumplir la sentencia, firme y de obligado cumplimiento, que establece que al menos un 25% de las clases deben impartirse en castellano en el sistema educativo de Cataluña. Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han denunciado este miércoles al dirigente secesionista por "desobedecer" a la justicia.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha presentado este miércoles ante el propio TSJC y critica que con las instrucciones que la consejería ha enviado a los centros tras la ejecución de la sentencia "se insta expresamente a desobedecer el mandato" del tribunal.

Ayer martes acabó el plazo que el TSJC había dado a la Generalitat para que cumpliera con la ejecución forzosa de la sentencia, y el mismo día Gonzàlez-Cambray anunció que ha enviado a los centros instrucciones y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adaptan al nuevo decreto ley aprobado el lunes por el Govern secesionista (ERC y JxCat) sobre lenguas en las escuelas, que "inaplica" el cumplimiento de los porcentajes que establece la sentencia judicial firme.

"Impide que se cumpla la sentencia"

Las entidades que han presentado la denuncia reprochan que Gonzàlez-Cambray no ha cumplido la orden del TSJC, y subrayan la pregunta del Govern a las escuelas sobre si su proyecto lingüístico evita el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas: critican que "si se contesta 'no' a esta pregunta se anula el proyecto lingüístico, lo que impide de manera directa que se cumpla la sentencia".

Ven en este método "una clara estratagema para no cumplir la sentencia", tachan el decreto del Govern de arbitrario y acusan a Gonzàlez-Cambray y a la Consejería de Educación de la Generalitat de actuar contra derecho a sabiendas.

En caso de que se admita su denuncia, las entidades piden empezar la investigación interrogando a Gonzàlez-Cambray como investigado por estos hechos.