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El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet / EP

Calvet confirma su voluntad de ser el candidato de JxCat en las elecciones catalanas

El consejero de Territorio reclama a Renfe más inversión en Rodalies antes de otorgar el servicio a FGC

5 min

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, expresa ya abiertamente su voluntad de presentarse como candidato a las elecciones catalanas. Preguntado este martes en TV3 sobre su candidatura, ha reconocido que una vez se ordene el espacio político de JxCat, y “si se dan las condiciones”, él estará “a disposición de este espacio, sí”.

El posconvergente lleva tiempo en las quinielas como candidato a liderar la formación independentista dirigida por Carles Puigdemont desde Bruselas. Ahora tan sólo espera que el partido fije su relato antes de la convocatoria electoral para dar ese paso y se abra un proceso de primarias que el partido nunca ha celebrado. En todo caso, recuerda que al frente de JxCat sigue el político huido de la justicia.

Rodalies

Por el momento, Calvet se centra en hablar de la cartera que dirige y a reclamar dinero al Estado. Insiste en pedir a Renfe una inversión en Rodalies sin esconder que su voluntad, una vez recibido el dinero, es que el Govern se haga cargo de la gestión del servicio, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El posconvergente, a punto de cerrar un acuerdo con Renfe para prolongar el contrato de Rodalies, no ha escondido que su prioridad es que se realice “la inversión de 4.000 millones de euros prometida hace diez años y la transferencia de dinero”. Una vez se produzca, “ya se decidirá quién debe hacerse cargo de la gestión”, pero ya tiene un candidato: “Nosotros apostamos por que FGC coja la gestión de Rodalies”.

El dinero primero

No es la primera vez que el Govern expone que quiere hacerse con el control del servicio, pero ahora parece dispuesto a esperar y firmar un nuevo contrato siempre que se comprometan a mejorar las infraestructuras. Reconoce que “están ligados a Renfe porque, si no, no llega la inversión de Adif y no debería ser así”, pero su objetivo principal es el factor económico. “Cuando tengamos las inversiones acordadas y el dinero decidiremos quién presta el servicio y luego ya hablaremos con los operadores”, señala .

Calvet asegura que el traspaso de competencias debía comportar la gestión, pero también una transferencia de dinero. Lamenta que “no ha servido de nada porque se ha incumplido” el compromiso adquirido. Señala que de los 4.000 millones prometidos sólo han llegado un 14%, mientras en Madrid se han puesto 5.000 millones de euros en Cercanías.

Aeropuerto

El posconvergente también se ha referido a la polémica que envuelve otra infraestructura de Cataluña: la ampliación del aeropuerto de El Prat. Tiene claro que “la terminal satélite se tiene de hacer. Es el plan previsto y debe mejorar la conectividad”. Muestra menos decisión sobre la polémica ampliación de la tercera pista propuesta por Aena. Señala que “se debe evaluar el impacto climático de cualquier proyecto” y que los humedales de El Prat están “hiperprotegidos” por la Unión Europea.

Para evitar el debate, Calvet desvía el foco de atención y asegura que el asunto “no es la ampliación, sino el modelo aeroportuario”. Apuesta por conectar los aeropuertos de Girona y Reus (Tarragona) por tren y desvíar allí los vuelos de las compañía low cost que llegan ahora hasta El Prat y que Barcelona se convierta en un hub internacional. Aun así recuerda que la gestión del aeropuerto es de Aena y que si se deciden por ampliar la pista quieren “estar ahí”.

Hard Rock y vivienda

El consejero de Territorio también ha hablado de la polémica compra-venta de los terrenos donde se tenía que ubicar el macroproyecto de Barcelona World en Vila-seca (Tarragona). Insiste en que el Govern “no va a gastar dinero público”; será el Incasòl el responsable de comprar a Criteria el espacio por 120 millones de euros, para vendérselo por el mismo precio a Hard Rock.

Asimismo, ha defendido la aprobación de la nueva ley de vivienda declarada inconstitucional tanto por el Consell de Garanties Estatutàries como por los jueces. Defiende que el Govern trata de proteger a las familias de los desahucios aunque para ello se ampare a los okupas y se desproteja a los propietarios.

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