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La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, en una entrevista en Europa Press / EP

Budó exige ahora al Estado que pague 1.300 millones de euros a Cataluña

La consejera reclama que se desbloquee los anticipos del modelo de financiación y la liquidación del IVA, algo que el Gobierno no puede hacer en funciones

19.08.2019 11:05 h.
5 min

La consejera de Presidencia, Meritxell Budó (JxCat), ha reclamado este lunes al Gobierno que desbloquee el pago de 1.300 millones de euros a la Generalitat. Esta cantidad corresponde a los anticipos del modelo de financiación pendientes, más de 800 millones, y la liquidación del IVA, otros 480 millones.

Insiste de nuevo en que el Gobierno desbloquee estas liquidaciones, algo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha manifestado que será lo primero que ejecute cuando se constituya el nuevo Ejecutivo. Los servicios jurídicos del Estado han manifestado que la orden de pago de la financiación autonómica no se puede dar desde un departamento en funciones. En cuanto a la liquidación del IVA, está frenado por un cambio de contabilización de la tasa que se debe aprobar por la vía presupuestaria.

La política catalana también defiende que Cataluña sufre más este “ahogo económico” al ser una de las comunidades que más aporta al PIB.

Recortes del Govern

“Desde el Govern no queremos quedarnos de brazos cruzados y queremos denunciar y pedir que nos paguen aquello que nos toca, que son estos 1.300 millones”, ha insistido en una entrevista en Europa Press. Indica que sin esta aportación “ni las universidades ni la sanidad ni el despliegue de más cuerpos de seguridad y emergencias ni esas políticas que nos deben hacer avanzar serán posibles”.

Todo ello, dos días antes de que el vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC), comparezca ante la Comisión Permanente del Parlament para explicar los recortes que se deberán aplicar en todos los departamentos y empresas públicas de la Generalitat. Igual que Budó, el político republicano atribuye de forma exclusiva al Estado los problemas económicos del Gobierno catalán. Nadie del Ejecutivo de Quim Torra ha hecho ninguna referencia al problema que supone que aún se funcione con cuentas prorrogadas de 2017.

Límite de déficit

La consejera ha asegurado que la Generalitat cumplirá con el límite de déficit permitido para este 2018. Lo enmarca en que un nuevo incumplimiento llevaría a que no se pagaran “las pagas dobles que se restaron en 2012 y 2013 y abonar los incrementos salariales que corresponden” a la función pública. Además de denunciar una “amenaza de intervención del Gobierno sobre las cuentas de la Generalitat”.

Pasa de nuevo de puntillas sobre la cuestión de que un incumplimiento en este sentido alejaría la posibilidad de que el Govern se financie en los mercados de deuda. Es el gran objetivo que los independentistas persiguen desde hace años para depender menos de la financiación autonómica, aunque el rating actual que se le darían a los bonos catalanes aleja esta posibilidad. Se necesita mandar el mensaje a los inversores potenciales de que la autonomía es seria y cumple con sus obligaciones. Otro de los motivos de peso del cierre de caja ordenado un año más por Aragonès.

Presupuestos de 2020

Los recortes de este verano serán la antesala de la negociación que la vicepresidencia de Economía ha anunciado que iniciará para sacar adelante unas cuentas públicas para 2020. Ya ha señalado a PSC, Comuns y la CUP como sus socios preferentes, aunque los antisistema se han distanciado de la propuesta por el tijeretazo en el gasto público y por sus demandas en el marco del procés y los socialistas los vinculan a un adelanto electoral en Cataluña.

Budó rechaza de frente esta alternativa. “Queremos aprobar presupuestos, no para convocar elecciones, sino para gestionar este país”, ha sentenciado. Recurrir a una tercera prórroga de la cuentas públicas, algo inaudito en el país, es una alternativa que no está en los planes de ERC. Los republicanos también apuestan, en este escenario, con llamar de nuevo a los catalanes a las urnas. Con todo, es el presidente de la Generalitat el único que tiene potestad para realizar la convocatoria.

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