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Laura Borràs en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

Borràs acusa al Supremo de conspirar contra su posible candidatura a la Generalitat

La portavoz de JxCat en el Congreso ve "evidente, seguro y manifiesto" que su citación por presuntas adjudicaciones 'a dedo' tiene motivaciones políticas

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Laura Borràs carga contra el Tribunal Supremo después de haber sido citada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. La diputada de JxCat en el Congreso de los Diputados opina que es "evidente, seguro y manifiesto" que el alto tribunal la ha llamado a comparecer para "complicar" su posible candidatura a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas. 

La portavoz de los neoconvergentes es tibia respecto a su papel en los comicios que fueron anunciados --aunque sin fecha--por Quim Torra. Pero adopta la misma estrategia que el presidente de la Generalitat esgrime en sus causa judicial abierta por desobediencia. Es decir, la de la falta de imparcialidad de los jueces por sus ideas políticas.

Imputación con intenciones políticas

Borràs ha declarado en una entrevista en RNE que "nunca" ha ambicionado una carrera política pero, sin embargo, cree que la providencia del juez Eduardo de Porres persigue el objetivo de dañarla. La diputada independentista ha denunciado que existen "irregularidades" en el proceso judicial que le atañe y ha acusado, una vez más, al Gobierno como la mano que mueve los hilos. 

La dirigente catalana ha defendido que la supuesta politización de la Justicia es "el camino que ha encontrado" el Ejecutivo para "acabar con los independentistas" y ha reconocido su temor a estar delante del juez, a pesar de que defiende que no ha incumplido la ley. "¿No tengo nada que temer después de lo que vimos en el juicio del 1-O?", ha preguntado de forma retórica.

Delitos de fraude y malversación

El juez del Supremo ha citado a declarar a Borràs después de ver indicios de cuatro delitos en la gestión de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) mientras ella fue máxima directiva: falsedad documental, fraudeprevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La diputada ha esgrimido que tiene la “absoluta certeza” de no haber cometido ninguna actividad en perjuicio al erario público y ha detallado que la acusan de unos hechos que "no pueden probar".