Fiscalía archiva la investigación por los bloques 'anticoches'

La Fiscalía delegada de seguridad vial ha archivado las diligencias abiertas por la colocación de bloques de hormigón para impedir el paso de coches y motocicletas en Barcelona. El ministerio público no aprecia mimbres de delito en la polémica política del ayuntamiento de situar bancos en la calzada para arañar espacio para el peatón y encerrar el tráfico.

La oficina del fiscal ha informado del archivo de las actuaciones que abrió en septiembre a raíz de una denuncia presentada por el abogado Daniel Vosseler, letrado que alertó a Fiscalía del peligro para motoristas y ciclistas que podían suponer estos elementos estáticos colocados en pleno Eixample, el distrito central de la Ciudad Condal.

Sin indicios de delito

Ahora, el ministerio público cierra las diligencias abiertas porque no aprecia suficientes indicios de delito. Previo a ello, la oficina del fiscal pidió informes a Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana de Barcelona. Los dos cuerpos de seguridad contestaron que no se había producido un incremento del riesgo de accidente como consecuencia de la colocación de los bloques.

El archivo de la investigación cierra el campo penal de esta política pública del gobierno municipal, que se incardina en el llamado urbanismo táctico, también llamado guerra al coche por sus criticos. No en vano, el Ejecutivo local colocó en las calles de Barcelona los bancos de hormigón y otros elementos, como pintura o vallas, aprovechando el encierro durante la primera fase de la pandemia del coronavirus. 

Junts pidió una auditoría

El combate contra el vehículo privado en la capital catalana ha soliviantado a arquitectos, gremio del motor y a muchos comerciantes, que temen caídas de facturación como producto de las actuaciones del bipartito sociocomún. Con lo que respecta a los bloques, Junts per Catalunya pidió una auditoría de seguridad independiente para evaluar su instalación.

Hasta que se elabore ese estudio y se conozcan los resultados, lo factual es que los bancos rígidos de la calle Consell de Cent costaron cerca de 150.000 euros al área de Urbanismo, que pilota la teniente de alcalde Janet Sanz.