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La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet / EFE

Batet quiere que el Supremo se pronuncie sobre la suspensión de los presos

La nueva presidenta del Congreso trata de ampararse en la judicatura antes de tomar decisiones sobre los políticos independentistas encarcelados

22.05.2019 13:06 h.
3 min

Meritxell Batet quiere quitarse de encima la decisión sobre qué hacer con los presos independentistas procesados que han resultado elegidos en los comicios del pasado abril. Así, la nueva presidenta del Congreso ha pedido al Tribunal Supremo instrucciones para saber cómo tiene que proceder con la situación de Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras. 

Ha pedido instrucciones a los magistrados sobre la "posible aplicación" del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Este precepto supone la suspensión cautelar automática de cargos públicos a los investigados por rebelión o terrorismo que se encuentren en prisión preventiva. 

Situación anómala

El Tribunal Supremo rechazó el suplicatorio que pedían los abogados de los políticos presos, pero declinó tomar la decisión sobre su suspensión a tenor de la LEC. Por contra, trasladó al Congreso y del Senado el asunto para decidir qué hacer con los representantes electos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en apliocación de sus respectivos reglamentos. 

Batet alude a los diputados "han perfeccionado su condición", motivo por el que considera que la "Presidencia necesitaría conocer el modo en que esta condición procesal afecta al ejercicio por los mismos de las funciones propias de su cargo". De la misma forma, asegura –sin concretar– que resuelva "posibles dudas que se suscitarían sobre la aplicación del artículo 21.1.2 de Reglamento" del Congreso. 

Fiscalía actúa

La petición aclaratoria de Batet, que ya ha sido registrada en el Tribunal Supremo, se suma a la hecha por la Fiscalía. El ministerio público pide que se aplique de forma “inmediata” la LEC, que dispone que una vez decretado el ingreso en prisión provisional contra un reo que haya incurrido en un delito de rebelión "deberá quedar automáticamente suspendido del ejercicio del cargo público". 

Los fiscales aseguran que se dan las dos condiciones previstas por la ley para poder cursar la suspensión: que haya un auto de procesamiento firme por un delito de rebelión y que los inculpados se encuentren en prisión preventiva. El martes pasado, Junqueras, Turull, Rull, Sànchez y Romeva oficializaron sus cargos en el Congreso y en el Senado con la suspensión de sus funciones aún en el aire en una tensa sesión.