El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles declarar la ciudad “mercado de vivienda tensionado”. Un paso necesario para poder poner límite a los alquileres, según establece la última ley de vivienda catalana, que entró en vigor de forma automática, pero requería esta declaración para prorrogar sus efectos tras los primeros 12 meses.
La iniciativa, propuesta por Esquerra Republicana, se ha aprobado con los votos a favor, además, de Junts per Catalunya y de la coalición que gobierna la ciudad, Barcelona en Comú y el PSC. Estos dos últimos partidos votaron en contra de dicha ley en el Parlament.
Debate más exhaustivo
Los socialistas han justificado su voto afirmativo por el mayor debate previo y el proceso que se ha seguido en una comisión de estudio para analizar la regulación de los alquileres. “Hemos escuchado a muchos expertos que han aportado datos, estudios y conocimiento para que luego los responsables políticos tomemos la decisión mejor informados. Este debate es el que no se tuvo en el Parlament, cuando se aprobó la ley por lectura única", ha asegurado Joan Ramon Riera, concejal del PSC.
Lucía Martín, concejal de Vivienda, ha argumentado que el apoyo de los comunes a la ley vigente es “absoluto”, pero ha exigido al Govern que “asuma sus responsabilidades”. En particular, la edil cree necesario impulsar una guía, un protocolo de implementación y una campaña de difusión para que el marco legislativo se aplique.
Conflicto de competencias
A pesar de los matices, los autores de la propuesta han celebrado su aprobación, y especialmente el voto afirmativo socialista. La concejal republicana Eva Baró ha reclamado que "el compromiso que hoy exhibe el PSC sea firme y no efímero y que sea un gesto honesto no sujeto a ningún tipo de gesticulación preelectoral".
En cambio, Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi, que han votado en contra, han reiterado que la Generalitat no es competente para legislar y regular la vivienda, algo que ya advirtió el Consejo de Garantías Estatutarias. Estos tres partidos han alertado además de que la normativa pone en riesgo el derecho a la propiedad privada y puede ser contraproducente, es decir, generar una caída en la oferta de casas y pisos y un aumento de los precios.
