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Fachada del Ayuntamiento de Barcelona / CG

Barcelona se juega 180 millones por la anulación de la plusvalía municipal

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, pide "compensar a los entes locales por la pérdida de ingresos"

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El Ayuntamiento de Barcelona se juega unos 180 millones de euros por la anulación de la plusvalía municipal por parte del Tribunal Constitucional (TC). La Administración local perderá la cantidad si se confirma la inconstitucionalidad del tributo, que supone una importante fuente de ingresos para las corporaciones locales. 

Por este motivo, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha pedido reforzar la financiación de los ayuntamientos. En un tuit en su cuenta oficial, el concejal socialista planteó ayer que "de confirmarse la anulación de la plusvalía municipal, se impone compensar a los entes locales por la pérdida de ingresos y fijar una normativa que regule bien el impuesto". 

180 millones, en el alero

Collboni precisó que la Administración local de Barcelona "no puede renunciar a políticas sociales o inversiones para la reactivación económica" por valor de 180 millones de euros. 

De hecho, desde el mundo jurídico se corrobora que la sentencia del Tribunal Constitucional anula "al completo" al gravamen. De ahora en adelante, pues, los ayuntamientos no podrán cobrar el impuesto salvo que se apruebe nueva normativa que se ajuste a los límites constitucionales. 

La plusvalía municipal, inconstitucional

La legislación extra tendrá que llegar después de que el alto tribunal haya resuelto sobre una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación a los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004. 

El Constitucional ha fallado que estos artículos rebasan el límite de la carta magna, por lo que son nulos. En su razonamiento, el TC argumenta que el método de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es contrario a los principios constitucionales sobre imposición ajustada a las posibilidades económicas del contribuyente.