Barcelona ha reclamado de nuevo al Govern hoy miércoles, 20 de enero, que ponga fin al corte "insostenible" de la avenida Meridiana. El gobierno municipal y los constitucionalistas en la oposición se han unido para exigir al Departamento de Interior que halle una solución al bloqueo diario de la arteria rodada.
Ha ocurrido en la Comisión de Presidencia. La propuesta la ha elevado el PSC desde el gobierno municipal. Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, ha pedido "soluciones" a una protesta diaria "que dura desde octubre de 2019, reuniendo a apenas de 20 a 35 personas la mayoría de días". Su iniciativa ha ganado el apoyo de los grupos del Ejecutivo local (18), Ciudadanos (4), BCN pel Canvi (2) y el PP (2).
Los independentistas, solos
La moción, por lo tanto, ha dejado solos a los independentistas. ERC y Junts per Catalunya, con 15 concejales de 41, se han quedado solos defendiendo el corte. Los republicanos han reclamado "abordar el problema de raíz, y no la protesta". Según el partido que pilota Jordi Coronas en el ámbito municipal, la causa madre del corte de Meridiana es "la existencia de presos políticos".
JxCat, por voz de Jordi Martí, se ha mostrado favorable a "la libertad de expresión", por "muchas molestias que provoque" la movilización diaria, que ocupa la calzada de una de las salidas con más tráfico de Barcelona.
"Coste económico"
Por su parte, el resto de la oposición, Ciudadanos, BCN pel Canvi y PP, han avalado la propuesta de poner fin a la protesta con duros argumentos. Paco Sierra, de Ciudadanos, ha tildado de "insostenible" el corte de calle "que dura ya 15 interminables meses". A este respecto, el concejal de Ciudadanos ha afeado al PSC "que presente una propuesta de solución en plena precampaña electoral" en Cataluña.
Por su parte, Eva Parera, de la plataforma amplia liderada por el ex primer ministro francés Manuel Valls, ha lamentado el "abuso" del derecho a manifestación y ha recordado la "gravedad" de la postura de ERC y Junts, que avalan una protesta "por unas personas condenadas en firme por varios delitos en un Estado de derecho". Ello, ha enfatizado Parera, "cuesta más de 340.000 euros al año solo en el dispositivo policial". A su vez, Josep Bou, edil del PP en el consistorio, ha recordado el daño económico del corte sobre el tejido comercial.
