Durante la Transición, las principales calles de ciudades y pueblos españoles con olor franquista se cambiaron sin protestas. La nueva remesa de unas 1.000 menores, amparadas en la Ley de Memoria Histórica o decisiones de ayuntamientos por el independentismo u otras causas, encienden polémicas. Por el coste, la pesadilla burocrática que supone para los vecinos afectados y el disparate, como en Sabadell, donde se quiere eliminar hasta a Antonio Machado. Incluso se apunta a Goya, Góngora, Quevedo o Larra, a los que se considera “excesos” de una “modelo pseudo-cultural franquista”.
Sólo en Madrid, 50.000 vecinos y 2.000 comercios se verán implicados por la alteración en 52 calles. Una vez que Carmena logre desatascar el proyecto por el reciente freno judicial tras cuatro recursos. Repercusiones similares causarán las 51 vías rebautizadas en Valencia. Ya lo han hecho o están a punto en Zaragoza (43), Sevilla (41), León (34), Oviedo (25), Segovia (20), Sevilla (19), en La Coruña (16) o en Valladolid (14).
Barcelona, donde el tema enciende más pasiones, pulveriza el ránking con una permanente revisión que ha afectado a más de un centenar de calles desde 1979. La comisión municipal del nomenclátor, encargada de gestionar los cambios, tiene en cartera otras 200 propuestas para limpiar el callejero de borbones, esclavistas, militares sanguinarios, colonizadores o satisfacer caprichos de la mayoría nacionalista. Disponen, según el censo de 2016, de 4.518 calles.
Avenida del Baró de Càrcer en Valencia / CG
Un coste millonario
El Ayuntamiento de Madrid, que se ha apresurado a enviar multas de tráfico con los nuevos rótulos antes de estrenarlos, cifra el coste del cambio para las arcas municipales en apenas 60.000 euros. Se derivarían de la configuración y colocación de las nuevas placas y la retirada de las actuales. La oposición eleva el gasto a seis millones. Sólo la tasa obligatoria del cambio en el Registro de la Propiedad de 40 euros, asciende a 2 millones.
La alteración de nombres exige poner al día todos los documentos personales de la vivienda o del local. Si se trata de un negocio, se debe renovar toda su publicidad, envoltorios, bolsas, rotulación y anuncios. También quedará de su cuenta avisar a proveedores, acreedores, deudores y clientes.
Calle de la División Azul en Madrid, cerca de la estación de Chamartín / CG
“Se necesitan los mismos trámites que si uno cambia de domicilio”, explican fuentes oficiales del ayuntamiento de Segovia. El consistorio castellanoleonés acometió hace dos años la retirada de menciones conmemorativas que hagan referencia a la sublevación militar de 1936, a la Guerra Civil y a la represión franquista, como exige la ley de Zapatero de 2007.
22 avisos
El ayuntamiento debe comunicar oficialmente la permuta a 22 organismos y entidades, desde la Agencia Tributaria hasta las Notarías, pasando por comisarías, registro civil o compañías eléctricas y telefónicas. Pero el cambio automático solo funciona de verdad en algunos organismos municipales.
La mayoría exigen un certificado oficial acreditativo que el ciudadano puede descargarse en un enlace municipal. Además de mucho trámite. Correos da un plazo de tres meses para actualizar la dirección postal. También se ha de solicitar el cambio de domicilio tributario bien personalmente ante la Agencia Tributaria o a través de internet.
Esta gestión es gratuita, como el cambio en el DNI, siempre que el documento esté en vigor. Eso sí, hay que pedir cita previa en la Comisaría de la Policía Nacional. Puede llevar unos dos meses de demora. Gratis son también, pero empleando tiempo y molestias, la modificación en el Registro General de Conductores. La cita previa se pide en la Jefatura Provincial de Tráfico. No hacerlo puede conllevar que la notificación de multas no llegue al domicilio, lo que impide un posible recurso, beneficiarse de descuentos por pronto pago y obliga a abonarlas con recargo.
"Un cristo innecesario, un descalabro y en algunos casos algo caprichoso y sin sentido", se queja el segoviano Alfonso González, que hace unos años vio permutado el nombre de su calle del Seminario por Adolfo Suárez. “Al expresidente podrían haberle dado una nueva u otra más importante”, propone.
Motivaciones y expedientes
Los ayuntamientos grandes se han dotado de ordenanzas reguladoras e incluso hacen consultas para refrendar sus acuerdos, muchas veces polémicos por su gran carga política. Otras justifican la variación de la nomenclatura por exigencias urbanísticas, para eliminar nombres repetidos, aludir a personajes e instituciones relevantes o conmemorar un hecho notable.
Principios básicos son buscar nombres fáciles de identificar y que tengan relación con la toponimia de la población. Se prohíben los que lleven a error, malsonantes, cómicos o de terroristas, como ocurrió en Amorebieta (Vizcaya) con Txiki-Otaegi en 2002. Tampoco se suelen dar nombres de personas vivas, salvo excepciones, como El Cordobés en Córdoba o Charo López en Valladolid.
La modificación también lleva un papeleo municipal que puede durar varios años, sobre todo si hay recursos judiciales, como en el caso de Madrid. La iniciativa popular, si la hay, debe asumirla un concejal y otros órganos municipales. Es necesario un expediente con un informe que justifique la propuesta, un plano con las calles señaladas y otro informe del órgano directivo competente. El expediente deberá ser aprobado por la junta municipal del distrito, luego por la junta de gobierno de la ciudad, para finalmente ser publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento e inscribirse en el callejero oficial.
Más nombres de mujer
La sustitución de los nombres franquistas está resultando controvertida, sobre todo si se hace con personas del bando contrario en la Guerra Civil. Está teniendo bastante consenso la incorporación de más mujeres. La brecha en este campo es de este calibre: el 90% de las calles españolas tienen nombres de hombres y las pocas que homenajean a mujeres hacen referencia a nobles, vírgenes o santas.
En Barcelona las vías con nombre de mujer no pasan del 7,5%. Córdoba tiene una normativa que obliga a que la mitad de las nuevas tengan nombres femeninos. En Valencia han fijado el porcentaje en un 80% para corregir este desequilibrio. Bilbao, Oviedo y Cádiz ya han anunciado que seguirán su ejemplo.
Acto reivindicativo de cambio de nombre en Barcelona por el de una mujer, en este caso el de la chef Carme Rusculleda / CG
Muchas calles españolas han sido o serán bautizadas con nombres de opositoras de la dictadura franquista y reconocidas activistas de los derechos civiles. Otras vías hacen referencia a mujeres reconocidas, en España y otras partes del mundo, por su trayectoria profesional o su lucha por la igualdad de derechos.
Este machismo no es exclusivo de España. En Roma sólo el 3,5% de sus calles tiene nombre de mujer. En Londres, París, San Francisco, Bombay o Nueva Delhi ronda el 30%. Caminamos en esa dirección.
