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Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), en una imagen de archivo / CG

Así justifican los ayuntamientos independentistas que es legal apoyar el referéndum

La AMI remite un informe jurídico en el que asegura que la normativa catalana y la estatal chocan, y que no son los cargos públicos los que deben decidir en esta situación

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La Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) ha remitido este domingo un “informe jurídico sobre la ley del referéndum de autodeterminación y de las posibles consecuencias que se deriven de su ejecución”. Los 787 alcaldes catalanes han recibido el documento que concluye con una declaración contundente: “No se observa la posible comisión de ningún otro delito en el ejercicio de actuaciones por parte de autoridades locales por posibilitar la celebración” del 1-O.

La organización presidida por Neus Lloveras, diputada y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, señala que el procés ha llegado a un momento inédito en España. Considera que se debe valorar “qué interpretación hacen, si es el caso, los tribunales españoles” de las causas que se llegaran a abrir contra el personal público.

Choque de ordenamientos jurídicos

Desmonta que los cargos y trabajadores municipales puedan incurrir en delitos de “prevaricación, desobediencia, denegación de auxilio, rebelión y sedición” porque no les corresponde decidir cuál de los dos ordenamientos jurídicos está vigente” en Cataluña, si prevalece el que se aprobó en el Parlament y daba luz verde al 1-O o el estatal, el que marca que tras el recurso del Tribunal Constitucional queda efectivamente suspendido.

En línea con el discurso que ha mantenido los últimos días el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la sectorial de secretarios, interventores y tesoreros por la independencia (SITxCAT) afirma que la excepcionalidad del momento permite considerar “suficiente la fuerza de la interpretación”.

Código Penal y legislación internacional

Indica que, a pesar de que puede parecer que el personal municipal incurriría en un delito penal al participar en la organización del referéndum, el “articulo 410.2 del Código Penal prevé que no incurren en responsabilidad criminal por el incumplimiento de un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley”. El que marcaría, precisamente, la ley del referéndum aprobada en el Parlament y su posterior desarrollo.

También asegura que esta norma está escrita en base a la “aplicación del derecho internacional” que prevale sobre el ordenamiento de España. Básicamente, en el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Presión a los alcaldes

El informe del AMI es un nuevo elemento de presión sobre los alcaldes catalanes que se han negado a colaborar con la celebración del 1-O por las consecuencias que tendría para los funcionarios públicos. Es el caso de los ediles de las ciudades con más población de Cataluña, como Barcelona o Hospitalet del Llobregat, claves para que la movilización llegue a buen puerto. 

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