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La destitución del presidente Carles Puigdemont puede provocar un 'House of cards' a la catalana en la Generalitat / EFE

La Audiencia Nacional cita a Puigdemont y su Govern para el 2 y 3 de noviembre

La jueza Carmen Lamela admite la querella de la Fiscalía por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos

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La Audiencia Nacional ha citado al presidente destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su Govern, también apartado, a declarar el 2 y el 3 de noviembre. La jueza Carmen Lamela ha admitido la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, que los acusa de los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos. 

Tanto el expresident como sus 13 consejeros tendrán que declarar ante el tribunal los mismos días que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa lo harán en el Tribunal Supremo, acusados por el ministerio público de los mismos delitos.

Fianza de 6,2 millones

En esta línea, Lamela da tres días a Puigdemont y sus consellers para depositar una fianza de 6.207.450 euros. Si no lo hacen, sufrirán el embargo de sus bienes hasta alcanzar esta cifra.

Los 6,2 millones de euros se corresponden con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias que fueron aprobadas para la celebración del referéndum 1-O y, posteriormente, suspendidas por el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía ya había solicitado que se impusiera esa fianza en la querella que presentó contra los promotores del 1-O ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ese tribunal no aceptó la solicitud.

Citación o detención

El fiscal general, José Manuel Maza, presentó el lunes dos querellas, una en la Audiencia Nacional contra los exmiembros del Govern (pues ya no son aforados) y otra en el Tribunal Supremo contra seis miembros de la Mesa del Parlament (continúan aforados por formar parte de la Diputación Permanente de la Cámara) por la proclamación de la independencia del viernes.

Los dos escritos reclaman la citación "urgente" de los 20 querellados a los efectos de valorar por los jueces instructores la adopción de medidas cautelares de carácter personal "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas". En caso de incomparecencia, piden su inmediata detención.