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El exgerente de CDC Germà Gordó, uno de los principales investigados del 'caso 3%', en una imagen de archivo / EFE

La Audiencia Nacional asume el ‘caso 3%’

El juzgado de El Vendrell se inhibió de la causa que investiga la presunta financiación ilegal de CDC a petición de la Fiscalía

23.04.2018 09:39 h.
3 min

El caso 3% pasa a manos de la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha aceptado asumir la investigación de la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según informa este lunes El Periódico. En el auto emitido el 18 de abril, la Audiencia considera que los hechos pueden constituir varios delitos.

Financiación ilegal de partido político, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude contra la administración, tráfico de influencias, falsedad de documentos mercantiles y alteración de precios en concursos y subastas públicas son los delitos que se investigan. De esta forma, el juzgado de El Vendrell, que se hacía cargo del caso hasta el momento, deja de instruirlo.

Éste se inhibió a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de una “conducta sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala […] a lo largo de muchos años con participación de un partido político de Gobierno [CDC], fundaciones [Catdem y Forum] y múltiples instituciones públicas”. Entre estas últimas figuran la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y varios municipios.

Gordó, Cambra y Vives

Entre los principales imputadas destaca Germà Gordó. Éste fue gerente de Convergència y consejero de Justicia en el Govern de Artur Mas. El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives son otros de los investigados.

En total, la investigación incluye 24 contratos por un valor de unos 175 millones de euros. Los hechos que se investigan es el presunto cobro de comisiones del 3% por parte de Convergència a cambio de adjudicar obras públicas. “La economía nacional se pudo ver alterada por el volumen de contratación que quedó fuera de las reglas de derecho y la justa y libre competencia”, según el auto.

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