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Fotomontaje del exconvergente David Madí, investigado por el 'caso Voloh', junto a una bandera independentista / CG vía EFE

La Audiencia avala las escuchas a Madí y Vendrell por indicios de corrupción

Sospecha que utilizaron su posición para desviar fondos públicos para el 'procés' independentista, entre otros presuntos delitos

6 min

La Audiencia de Barcelona ha avalado las escuchas telefónicas del denominado caso Voloh a los excargos de Convergència (CDC) y ERC David Madí y Xavier Vendrell, ante los indicios de que podrían utilizar su posición en la "cúpula soberanista" para desviar fondos públicos y "financiar proyectos políticos al margen de la ley".

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección 21ª de la Audiencia desestima el recurso de apelación que presentó la defensa de David Madí, y a la que sumaron después una decena de investigados más, para pedir que se declarara la nulidad de las intervenciones telefónicas que sustentan el caso.

Presunto desvío de dinero para el 'procés'

La causa, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga una presunta trama de desvío de fondos al expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont --a través de criptomonedas--, así como supuesto tráfico de influencias en los negocios de empresarios que formaron parte del denominado "Estado mayor" del referéndum ilegal de secesión del 1-O, entre ellos Madí y Vendrell.

La Audiencia ha dado ahora un espaldarazo a la investigación del juez Aguirre, al concluir que hay "indicios suficientes para creer responsablemente criminales" a los imputados y que las escuchas son necesarias para "esclarecer el concierto previo y simultáneo de los participantes en los referidos delitos derivados de la corrupción", así como el "rol" de cada uno de ellos.

"Acceso a fondos públicos"

La sala admite que actualmente los imputados "no ostentan formalmente cargos en la jerarquía administrativa", pero recuerda que "tuvieron tales responsabilidades en el pasado inmediato y, debido al prestigio y confianza que se les otorga por la cúpula soberanista, gozan de la influencia necesaria al más alto nivel para conseguir sus propósitos financieros".

Esa influencia, sostiene el tribunal, la ejercerían supuestamente "respecto a personas que actualmente ocupan cargos políticos basados en la confianza y que tienen acceso a los fondos públicos". "Y ello con el fin de financiar sus proyectos políticos al margen de la ley, desviando los fondos públicos recaudados con cargo a los contribuyentes del buen fin para el que fueron presupuestados y asignados a las administraciones públicas", añade el auto.

Posibles penas de cárcel

Los magistrados consideran que la intervención telefónica "no puede tacharse de desproporcionada", porque se investigan delitos de tráfico de influencias y malversación, que pueden suponer varios años de cárcel, "sin perjuicio de que pudiera acreditarse la eventual comisión de un delito de blanqueo de capitales de origen ilícito, de fraudes y exacciones ilegales y/o de negociaciones prohibidas a funcionarios".

Para el tribunal, las escuchas telefónicas están además justificadas porque los investigados actúan "de forma clandestina y bajo las más estrictas condiciones de seguridad para el logro de sus fines, constatándose una coordinación de actos delictivos e intervención de varias personas que actuaban al unísono".

Criptomonedas para una Cataluña independiente

Concretamente, sostiene la Audiencia, hay indicios de que la trama investigada estaría trabajando "en la creación de criptomonedas para usarlas en una república catalana independiente", desviando a fines ilícitos las subvenciones públicas a que tienen acceso por su influencia política.

En ese sentido, la sala subraya la "ilicitud" de que fondos procedentes de administraciones públicas --incluidas autonómicas y locales-- se conviertan en criptomonedas, dado que estas carecen de "trazabilidad" y "no son susceptibles de retorno porque se tratan de un medio virtual de comercialización pero no de dinero".

"Sospechas fundadas"

El tribunal recuerda, asimismo, que las "sospechas fundadas o indicios de criminalidad" del caso derivan de unos archivos de audio grabados por el excargo de CDC investigado Víctor Terradellas, de sendas conversaciones que mantuvo con Madí y Vendrell los días 14 de mayo de 2018 y 16 de mayo de 2018.

Esas conversaciones, según el juez, apoyan su tesis de que Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, fue el interlocutor del prófugo Carles Puigdemont con Rusia en pleno proceso independentista y que se estudió crear una plataforma de criptomonedas para garantizar la "estabilidad financiera" de Cataluña.